La gestión de la huelga del transporte no va a resultarle fácil al Gobierno. En situaciones como esta es cuando algunos echan a volar el argumentario teórico para cantar las virtudes de las sociedades bien estructuradas.En el caso del transporte, y en particular en España, nos encontramos ante un sector extraordinariamente disperso, atomizado y sin obediencia mayoritaria a una organización sindical o profesional que sea capaz de sentarse a la mesa con un Gobierno y alcanzar acuerdos que sean de general aceptación. ¡Qué buenos y útiles son los sindicatos!, dirán algunos, comparando lo que sucede en la inmensa mayoría de los sectores productivos de la economía.
Las organizaciones sindicales bien estructuradas y organizadas (en España contamos por fortuna con dos de espectro bastante mayoritario) se echan de menos en situaciones como la actual, aunque no falten conflictos en los que lo primero que explota es la huelga y luego la negociación. Algo de esto ocurre con la actual movilización del mundo del transporte, un sector en el que el sindicato o la organización más representativos alcanzan como mucho al 20% del colectivo.
El nivel de afiliación sindical en España, con los sindicatos tradicionales, quizás no sea mucho mayor, pero existe un grado de disciplina considerable, entre los militantes y los que no lo son, que permite canalizar los conflictos por vías razonables y de búsqueda constructiva de soluciones, lejos casi siempre de la utopía que suele personarse en los movimientos de tipo asambleario y de movilizaciones callejeras.
Por desgracia, el problema que nos ocupa está más en la línea de lo impredecible que en la de los conflictos incontrolados y de difícil gestión tanto por parte de los teóricos perjudicados (los que protestan) como de los administradores (en este caso, el Estado patrón).
La huelga de los transportistas y de algunos estamentos profesionales seriamente dañados en su posición empresarial por el alza desmesurada del precio de los combustibles tiene en su origen un problema que afecta a toda la sociedad, el incremento del precio de la energía consumida. Es un problema que no sólo afecta a los transportistas y a los armadores de pesca. Toca de lleno a toda la sociedad en cuanto consumidora de energía.
Los consumidores, es decir, los hogares, tienen el mismo derecho que los transportistas a movilizarse cuando en los próximos meses les empiece a llegar el recibo de la luz incrementado en su cuantía en un 10% o más, una subida súbita que tiene un carácter claramente brutal, pero que responde a una realidad económica: los precios de las materias primas energéticas han subido de forma brutal y la factura ha de pagarla el conjunto de la sociedad, sin exclusiones ni ventajas comparativas.
El aumento del coste de la energía implica en pocas palabras una transferencia de renta desde España en conjunto hacia los exportadores de petróleo. Por lo tanto, damnificados somos todos y no resultaría ni económicamente eficiente ni políticamente justo que este coste no sea distribuido de forma equitativa entre todos los sectores de la economía.
El transporte es uno de ellos y tendrá que afrontar las consecuencias como todos los demás, defendiendo sus legítimos márgenes y repercutiendo la parte que no puede absorber mediante deseables aumentos de la productividad. Sacar provecho de la fuerza demostrada en la calle para eludir pagar la parte correspondiente de la factura sería tan injusto como pretender vivir en una burbuja económica.
El Gobierno puede verse tentado a realizar concesiones excesivas y que van más allá de lo razonable con tal de acallar el ruido que la huelga está provocando, las molestias diarias que han de soportar los ciudadanos (obligados a pagar la crisis por partida doble) y el descrédito que genera un país paralizado por unos piquetes en las carreteras y en los accesos a mercados centrales y a estaciones de servicio de combustibles.
Esta huelga pondrá a prueba la verdadera capacidad del Ejecutivo de Zapatero de resolver un serio problema sin concesiones abusivas que castiguen al resto de los ciudadanos y sin dejación de responsabilidades a la hora de garantizar la libre circulación de mercancías y el ordenado abastecimiento de alimentos y combustibles a los ciudadanos. Una prueba difícil pero que requerirá algo más que sonrisas y buenas palabras.
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