MADRID.- La Fiscalía General del Estado no aprecia, a priori, «relevancia penal» en los elevados márgenes comerciales existentes en los productos agrícolas y ganaderos, donde según distintos estudios la diferencia de precios entre la cuantía que los profesionales del campo reciben en origen y la que abona el consumidor final superan de media el 400%.
Así se lo hizo saber este martes el titular de esta institución, Cándido Conde Pumpido, al presidente de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Lorenzo Ramos, durante la reunión que mantuvieron ambos tras haber acudido el segundo al propio ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, para solicitar su intervención.
El máximo responsable del Ministerio Público admitió la «indefensión» en que puede encontrarse dicho colectivo dentro de la cadena alimentaria, pero argumentó que es consecuencia de los "desequilibrios" que puede generar el propio desarrollo de la ley de libre mercado.
No obstante, Conde Pumpido les mostró su «sensibilidad» respecto a dicha problemática y se mostró dispuesto a apoyar cambios legislativos que mejoren la protección de consumidores y productores, e introduzcan «mayor transparencia» en el mercado, si bien aquí recordó que la iniciativa en este sentido corresponde al Gobierno y al Parlamento.
Dentro de su exposición ante el fiscal general, Ramos sostuvo que mientras el IPC ha subido un 66% desde 1990, las tarifas percibidas en el campo sólo se han incrementado un 26%. Para los agricultores, los responsables de este «abuso» son las empresas de distribución en general y las grandes superficies en particular.
Así se lo hizo saber este martes el titular de esta institución, Cándido Conde Pumpido, al presidente de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Lorenzo Ramos, durante la reunión que mantuvieron ambos tras haber acudido el segundo al propio ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, para solicitar su intervención.
El máximo responsable del Ministerio Público admitió la «indefensión» en que puede encontrarse dicho colectivo dentro de la cadena alimentaria, pero argumentó que es consecuencia de los "desequilibrios" que puede generar el propio desarrollo de la ley de libre mercado.
No obstante, Conde Pumpido les mostró su «sensibilidad» respecto a dicha problemática y se mostró dispuesto a apoyar cambios legislativos que mejoren la protección de consumidores y productores, e introduzcan «mayor transparencia» en el mercado, si bien aquí recordó que la iniciativa en este sentido corresponde al Gobierno y al Parlamento.
Dentro de su exposición ante el fiscal general, Ramos sostuvo que mientras el IPC ha subido un 66% desde 1990, las tarifas percibidas en el campo sólo se han incrementado un 26%. Para los agricultores, los responsables de este «abuso» son las empresas de distribución en general y las grandes superficies en particular.
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