viernes, 13 de junio de 2008

Solucionar la huelga del transporte ha costado 50 millones de euros a los españoles

MADRID.- El vicepresidente económico del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, valoró hoy en más de 50 millones de euros el coste de las medidas acordadas con los transportistas vinculadas a su Gabinete, pero eludió dar una cifra global del gasto comprometido para el conjunto.

"La parte más directamente relacionada con el Ministerio de Economía y Hacienda supera los 50 millones de euros claramente", señaló en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Concretamente, Solbes atribuyó 25 millones de euros a la línea de ayudas al abandono de la actividad, entre 13 y 14 millones de euros a la reducción de primas de seguro del 75% y más de 10 millones de euros a la subvención del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Mientras, la Federación Nacional de Asociaciones de Empresas de Transportes de Mercancías (Fenadismer), convocante del paro en el sector, ha elevado a Bruselas sus reivindicaciones, incluida la tarifa mínima por servicio, para superar la "crisis que los transportistas atraviesan en toda la UE por el alza incontrolada del precio del gasóleo".

El objetivo de esta es instar a la CE para que promueva ante los Estados miembros un paquete de medidas económicas y fiscales que garanticen a los transportistas cobrar lo mínimo para cubrir sus costes, y sanciones para aquellas empresas que lo incumplan.

Por otro lado, explicó que se ha prorrogado el crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la renovación y modernización de la flota de transportes, de 300 millones de euros.

En cuanto al impacto que del paro mantenido desde el pasado lunes sobre el conjunto de la economía, el vicepresidente económico del Gobierno señaló que "es muy difícil llegar a una conclusión", aunque reconoción que, "lógicamente, no tendrá un impacto positivo".

"El impacto sobre la actividad económica es muy difícil de valorar, ya que depende de los 'stocks' de que disponía cada empresa y de cuándo volverán a emprender su actividad en condiciones normales", concluyó.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, también se refirió al paro de los transportistas tras el Consejo de Ministros y aseguró que "aunque aún hay algún problema, los productos están llegando ya a las estanterías de los supermercados y el suministro está volviendo a la normalidad", pese a que la convocatoria de paro continúa.

"El Gobierno adoptó medidas contundentes para proteger la libertad y el derecho a la circulación y al trabajo de todos los ciudadanos", defendió De la Vega, quien atribuyó la situación de las primeras horas del paro "a los abusos de algunos piquetes".

"Pero en el mismo momento en que los excesos de una minoría comenzaron a vulnerar los derechos de la mayoría a la libertad, el Gobierno adoptó medias contundentes", aseguró.

El Consejo de Ministros de aprobó hoy el paquete de 56 medidas que un total de siete ministerios ha elaborado para ayudar al sector por el alza del combustible y la caída de la demanda, que sólo han sido aceptadas por las patronales de transportistas que no secundan el paro.

"Lo que deseamos es que el sector minoritario, ese 12% que no se ha unido a los acuerdos, se una, porque están cerrados, trabajados y son muy buenos para el sector", indicó en relación a las tres patronales convocantes del paro (Fenadismer, Confedetrans y Antid).

Tras hacer un repaso a las labores que los distintos ministerios han llevado a cabo ante el paro del transporte, De la Vega defendió que el Gobierno "ha estado trabajando de forma coordinada e intensa" ante este conflicto, han "conseguido acuerdos razonables con el 88% del sector y ha coordinado actuaciones para mantener el orden y proteger los derechos de los españoles al abastecimiento y a la seguridad".

"Ha habido previsión y coordinación", garantizó De la Vega dado que, según explicó, el Gobierno empezó a negociar con el sector el 14 de abril. El 29 de abril se mantuvo la primera reunión y el 21 de mayo, "el día que se convocaron los paros, se produjo el primer intercambio de documentación", detalló.

"Por tanto, desde la perspectiva de la negociación, creemos que las cosas se han hecho de forma razonable, y desde el punto de vista de incidentes de orden público, abastecimiento y seguridad el Gobierno también ha actuado desde el primer momento garantizando los derechos de todos los ciudadanos, el derecho a parar, a trabajar, a la seguridad y al abastecimiento", garantizó De la Vega.

Según insistió, el Ejecutivo actuó con "contundencia y firmeza desde que empezaron los incidentes violentos", lo que ha dado lugar a más de cien detenciones, más de 20.000 actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y más de 14.000 escoltas a transportistas".

"Las cosas se han hecho razonablemente bien, ha habido algunas consecuencias no deseables, pero el Gobierno ha estado actuando desde el primer momento para garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos y para tratar de minimizar y paliar las consecuencias indeseables que genera un conflicto de esta naturaleza", concluyó.

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