"Nos interesa pagar la deuda social y no continuar sometiendo a la población a la dictadura de los mercados financieros internacionales, ni a la dictadura de los grandes especuladores que son quienes, por ahora, están dominando el mundo, tendremos que revertir esa situación", aseguró en la ceremonia de posesión.
La deuda social se refiere a la necesidad de inversión de recursos estatales en sectores como educación, salud e infraestructura pública.
Salgado fue designada por el presidente Rafael Correa para sustituir a Fausto Ortiz, cuya renuncia se conoció poco después de anunciarse la confiscación de casi 200 empresas por un multimillonario fraude bancario ocurrido en 1998 y que un funcionario designado como vicepresidente de una televisora afectada por la medida, José Toledo, atribuyó a que estaba en desacuerdo con la incautación, según le dijo al Ecuavisa.
En breves declaraciones a la prensa reiteró la postura del gobierno de que existen "deudas definitivamente ilegítimas, hay una cantidad de irregularidades que se han cometido en el manejo de la deuda externa".
El gobierno designó a una comisión especial para auditar la deuda y determinar qué deuda es considerada "ilegítima" y que deberá ser sometida a revisiones para su pago.
La deuda total del país es cerca de 17.000 millones de dólares.
Salgado, la tercera funcionaria al frente de la cartera de Finanzas desde el inicio del gobierno del presidente Correa en enero del 2007.
Al juramentar a Salgado en el cargo, el presidente no expresó los motivos del retiro de Ortiz, sólo le señaló a la flamante ministra que "en esta revolución, mi querida Wilma, no hay lugar para vacilaciones, no hay lugar para cobardías".
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