La confusión parece haberse instalado en el centro de mando de la economía española. El equipo del Gobierno, con el vicepresidente Pedro Solbes al frente, ha vuelto a revisar las previsiones de crecimiento… y parece creer que puede dejar todo lo demás igual. Las mismas recetas le sirven a idéntico paciente a pesar de que los síntomas de la enfermedad se han agravado.
Así lo ha reconocido el facultativo encargado de su curación. ¿Cómo es posible no adaptar la política económica tras pulverizar a la baja todos los cálculos hechos anteriormente? ¿Se requieren las mismas medicinas cuando el crecimiento se prevé del 2,3% que cuando se habla del 1,6% y del 1% (por qué no el 0%) para el año próximo?
Parece ser que para Solbes y su equipo sí. Se mantiene el mismo calendario para la recuperación o salida de la crisis, el segundo semestre del año próximo, pero ciertamente es difícil saber por qué. Apostar por esas fechas el mismo día que se reconoce que las cosas están mucho peor es, cuando menos, sorprendente. Por no decir incoherente.
En el fondo de esa actitud subyacen dos planteamientos. El primero, que en un mundo globalizado y con la política monetaria cedida al Banco Central Europeo (BCE) el margen de actuación de los gobiernos nacionales es tan limitado que casi es mejor no ponerlo a prueba.
Argumento que se refuerza por el innegable carácter internacional de la actual crisis (las subprime,la subida del precio del petróleo y los alimentos, la pérdida de fuerza de las principales economías del mundo…). Ciertamente, algo de verdad hay en esta aproximación y cualquier acción debe tener eso muy en cuenta.
Pero la crisis tiene en España características especiales, por la dependencia de la construcción y de la financiación exterior, ambas en estado de colapso.
Por eso, a la vista del tsunami que parece estar preparándose es simplemente irresponsable no pensar en mecanismos para que una tormenta tan peligrosa como la que se anuncia haga el menor mal posible. La Unión Europea no puede ser sólo un corsé restrictivo que deje indefensas a las economías en peligro. Debe aportar propuestas y soluciones y el primer interesado en encontrarlas debe ser el Gobierno español.
La Unión Europea debe hacer algo más que contemplar el derrumbe de una economía como un profesor impertinente o un padre represor que se conforta verificando lo acertado de sus negros presagios.
La otra idea es la de que la economía española debe purgar sus excesos del pasado. ¡De acuerdo! Pero ¿hasta qué punto? Es temerario dejar que la bola de nieve que se está formando siga ganando fuerza y velocidad. Las economías son máquinas complejas con inercias muy poderosas. Igual que es muy difícil atemperar una burbuja incluso en sus fases iniciales, mucho más trabajoso es colocarse al final de la pendiente para reducir la velocidad de caída. Y parece que hay quien se siente proclive a que así sean las cosas.
El pinchazo de la actividad económica en España ha adquirido ya una fuerza que ha sorprendido a todos los analistas, incluso a los que ahora presentan los más negros presagios y que hace sólo unos meses pensaban en una evolución a la baja mucho más moderada. Comenzó en el inmobiliario y la construcción, se trasladó al consumo y afecta ya claramente a sectores significativos de la industria y los servicios…, los que en los análisis teóricos del pasado debían ser los relevos en la fase de la posburbuja. Y ahora empieza a carcomer ya a las instituciones financieras.
Ese es el problema de los ensayos de desaceleración controlada: que se hacen con fuego real y se escapan de las dimensiones de las probetas. De seguir así, España camina hacia una situación económica explosiva, purgando los excesos pero sin soluciones alternativas. Reducirá el peso de la construcción inflando el desempleo, la economía sumergida y la crisis social. Ya no valen los cálculos sobre cuánto se desacelerará la actividad.
La situación requiere planes, propuestas y acción. Y un discurso que transmita a los agentes sociales que se trabaja con un objetivo, de forma activa. El Gobierno, y más concretamente Pedro Solbes, no puede dejar que los españoles se vayan de vacaciones en el actual estado de desmoralización, pensando que cuando vuelvan tal vez se encuentren sin ocupación o con la empresa en la bancarrota.
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