Confiemos en que a la vuelta del verano los paquetes de medidas reactivadoras puestas en marcha por el Gobierno central y por los autonómicos estén funcionando con toda intensidad, porque en algún momento habrá que empezar a frenar el declive económico. Hasta ahora tenemos desplegadas grandes dosis oficiales de buena voluntad , de ánimos tranquilizadores y de palabras suaves y dulces, aunque en los últimos días, el presidente Zapatero y el ministro Solbes -a la fuerza ahogan- empiecen a llamar a la crisis por su nombre.
Sin embargo, la cuestión que preocupa a los ciudadanos no es semántica, aunque ésa también irrita. El reconocimiento parece haber llegado tarde. Una vez el proceso desacelerador ha entrado en caída libre, lo que les gustaría saber a los ciudadanos es hasta dónde puede llegar el deterioro y en cuánto tiempo. Las respuestas no son fáciles. Los expertos parecen coincidir en que estamos muy cerca del estancamiento con inflación, ya que el IPC de junio - un 5%- ha sido el más alto desde el año 1996, mientras que el crecimiento tiende a cero, según los datos de producción industrial, desempleo, impagados, etc.
El ministro de Economía ha pasado de negar lo evidente a pedir tiempo hasta conocer en agosto los datos de la Contabilidad Nacional, con la esperanza de que los resultados del segundo trimestre (en esta tesitura dos meses son un mundo) alejen los vaticinios sobre la recesión; sin embargo, la percepción de los más viejos del lugar es que nos acercamos a los niveles de depresión del 1992-93, etapa en la que se destruyeron más de un millón de puestos de trabajo.
A la vuelta del verano, pues, el Gobierno tendrá que modificar sustancialmente sus previsiones financieras porque si a estas alturas la mayoría de los capítulos económicos ya están desequilibrados por la inflación, los menores ingresos y los mayores gastos, es de prever que dentro de unos meses casi todas las partidas presupuestarias hayan quedado desfasadas.
Dentro de unas semanas el equipo económico deberá revisar las cuentas del Estado para el 2009, acoplarlas a la nueva realidad y negociar con los grupos políticos el nuevo marco, en el que lo único invariable serán las reivindicaciones autonómicas. Si el acuerdo sobre el reparto financiero fue imposible durante el año pasado, pese a la bonanza económica, es de prever que en esta ocasión las dificultades sean aún mayores.
No sería descabellado demandar al Ejecutivo central, a los gobiernos autónomos y al resto de los grupos parlamentarios un singular esfuerzo en arrimar el hombro para alcanzar una serie de compromisos básicos anticrisis, al modo de los pactos que año tras año alcanzan los agentes sociales, con buenos resultados. Tal vez de esa forma la previsible recesión pueda ser más llevadera para el conjunto de los ciudadanos.
Sin embargo, la cuestión que preocupa a los ciudadanos no es semántica, aunque ésa también irrita. El reconocimiento parece haber llegado tarde. Una vez el proceso desacelerador ha entrado en caída libre, lo que les gustaría saber a los ciudadanos es hasta dónde puede llegar el deterioro y en cuánto tiempo. Las respuestas no son fáciles. Los expertos parecen coincidir en que estamos muy cerca del estancamiento con inflación, ya que el IPC de junio - un 5%- ha sido el más alto desde el año 1996, mientras que el crecimiento tiende a cero, según los datos de producción industrial, desempleo, impagados, etc.
El ministro de Economía ha pasado de negar lo evidente a pedir tiempo hasta conocer en agosto los datos de la Contabilidad Nacional, con la esperanza de que los resultados del segundo trimestre (en esta tesitura dos meses son un mundo) alejen los vaticinios sobre la recesión; sin embargo, la percepción de los más viejos del lugar es que nos acercamos a los niveles de depresión del 1992-93, etapa en la que se destruyeron más de un millón de puestos de trabajo.
A la vuelta del verano, pues, el Gobierno tendrá que modificar sustancialmente sus previsiones financieras porque si a estas alturas la mayoría de los capítulos económicos ya están desequilibrados por la inflación, los menores ingresos y los mayores gastos, es de prever que dentro de unos meses casi todas las partidas presupuestarias hayan quedado desfasadas.
Dentro de unas semanas el equipo económico deberá revisar las cuentas del Estado para el 2009, acoplarlas a la nueva realidad y negociar con los grupos políticos el nuevo marco, en el que lo único invariable serán las reivindicaciones autonómicas. Si el acuerdo sobre el reparto financiero fue imposible durante el año pasado, pese a la bonanza económica, es de prever que en esta ocasión las dificultades sean aún mayores.
No sería descabellado demandar al Ejecutivo central, a los gobiernos autónomos y al resto de los grupos parlamentarios un singular esfuerzo en arrimar el hombro para alcanzar una serie de compromisos básicos anticrisis, al modo de los pactos que año tras año alcanzan los agentes sociales, con buenos resultados. Tal vez de esa forma la previsible recesión pueda ser más llevadera para el conjunto de los ciudadanos.
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