MADRID.- El reparto de las ayudas europeas ha sido motivo de controversia durante años y con seguridad lo seguirá siendo. La permisividad de algunos Estados hace que las cuentas que maneja la UE y las que presentan aquellos no cuadre, lo que desemboca en que se sucedan las reclamaciones de devolución de fondos -en algunos casos, multimillonarias- y las sanciones.
Conscientes de ello, los consejeros del Tribunal de Cuentas han denunciado en uno de sus últimos informes el escaso control que, según los datos a los que ha podido acceder -también aquí creen que «la selección de muestras es mejorable»-, tienen algunas entidades pagadoras españolas sobre el destino final de parte de ese dinero, sobre todo en el sector agrario.
Y es que las principales anomalías detectadas por el órgano fiscalizador tienen que ver con la atribución que se realiza de las subvenciones con cargo a los fondos europeos de orientación y garantía agrícola (Feoga) -que suponen entre el 38% y el 50% de los ingresos recibidos por España en el período analizado (2000-2005)-, y también a los de desarrollo regional (Feder).
En el informe del Tribunal de Cuentas, los consejeros reprochan al Gobierno que la información suministrada por medio de la cuenta de la Administración del Estado resulta «insuficiente» para conocer los importes recibidos de cada fondo comunitario y, asimismo, «difiere» de la contenida en los datos de las autoridades pagadoras.
Por ejemplo, no coinciden las fechas de las operaciones anotadas por el Estado y las autoridades pagadoras, mientras las comprobaciones efectuadas por estas últimas y las entidades gestoras de los fondos estructurales «se limitan a verificar» si coinciden los datos de las declaraciones de gastos y si estos son, a priori, subvencionables, «pero no dejan constancia de la comprobación en los expedientes».
En otros casos, la propia efectividad de esos controles, en apariencia superficiales, queda en entredicho porque algunos saldos de fondos comunitarios están pendientes de identificación tanto en cuanto a su origen como a su destino. También echa en falta el órgano fiscalizador una frecuencia mayor en este tipo de comprobaciones, al tiempo que denuncia la falta de comunicación a la Comisión de las debilidades detectadas y de las medidas adoptadas para solucionarlas.
Pero las anomalías no son sólo responsabilidad de la Administración central; las autonómicas también incurren en problemas similares, hasta el punto de que ninguna ha presentado aún la lista de beneficiarios de las ayudas regionales de la UE para el período 2007-2013, pese a que ha transcurrido con creces el plazo previsto.
Conscientes de ello, los consejeros del Tribunal de Cuentas han denunciado en uno de sus últimos informes el escaso control que, según los datos a los que ha podido acceder -también aquí creen que «la selección de muestras es mejorable»-, tienen algunas entidades pagadoras españolas sobre el destino final de parte de ese dinero, sobre todo en el sector agrario.
Y es que las principales anomalías detectadas por el órgano fiscalizador tienen que ver con la atribución que se realiza de las subvenciones con cargo a los fondos europeos de orientación y garantía agrícola (Feoga) -que suponen entre el 38% y el 50% de los ingresos recibidos por España en el período analizado (2000-2005)-, y también a los de desarrollo regional (Feder).
En el informe del Tribunal de Cuentas, los consejeros reprochan al Gobierno que la información suministrada por medio de la cuenta de la Administración del Estado resulta «insuficiente» para conocer los importes recibidos de cada fondo comunitario y, asimismo, «difiere» de la contenida en los datos de las autoridades pagadoras.
Por ejemplo, no coinciden las fechas de las operaciones anotadas por el Estado y las autoridades pagadoras, mientras las comprobaciones efectuadas por estas últimas y las entidades gestoras de los fondos estructurales «se limitan a verificar» si coinciden los datos de las declaraciones de gastos y si estos son, a priori, subvencionables, «pero no dejan constancia de la comprobación en los expedientes».
En otros casos, la propia efectividad de esos controles, en apariencia superficiales, queda en entredicho porque algunos saldos de fondos comunitarios están pendientes de identificación tanto en cuanto a su origen como a su destino. También echa en falta el órgano fiscalizador una frecuencia mayor en este tipo de comprobaciones, al tiempo que denuncia la falta de comunicación a la Comisión de las debilidades detectadas y de las medidas adoptadas para solucionarlas.
Pero las anomalías no son sólo responsabilidad de la Administración central; las autonómicas también incurren en problemas similares, hasta el punto de que ninguna ha presentado aún la lista de beneficiarios de las ayudas regionales de la UE para el período 2007-2013, pese a que ha transcurrido con creces el plazo previsto.
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