MADRID.- El Plan de Prevención del Fraude Fiscal, que se aplica en España desde el año 2005 y que antes de que concluya este ejercicio será renovado, es insuficiente para luchar de forma eficaz contra la evasión de impuestos y los delitos contra la hacienda pública, según sostiene la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).
«El plan debe ser de lucha contra el fraude fiscal, con todo lo que ello implica», subraya el portavoz de IHE, José María Peláez, que se muestra extremadamente crítico con la tibia actuación del Gobierno ante este problema.
Y es que, a tenor de las cifras que manejan los inspectores, el alcance del fraude en España estaría en torno al 20% del producto interior bruto (PIB). «La Administración no quiere hacer un estudio riguroso sobre ello porque sería reconocer su alcance, y prefieren moverse en una nebulosa, escudándose en que es difícil cuantificarlo», explica Peláez, para cifrar en unos 280.000 millones de euros los impuestos que hay actualmente sin pagar.
«Si el PIB en el 2007 llegó por primera vez al billón de euros, y si el 20% de nuestra economía es sumergida, estaríamos hablando de 200.000 millones de euros. Puesto que la presión fiscal en España es del 36%, el cálculo es sencillo: tendríamos 72.000 millones anuales de fraude fiscal. Y dado que se pueden comprobar cuatro años antes de que prescriban, estaríamos ante unos 280.000 millones de euros de tributos impagados», argumenta el portavoz.
Aunque la lucha contra el fraude es uno de los puntos de mayor enfrentamiento entre el colectivo de los inspectores y la Agencia Tributaria, las discrepancias y las críticas de los primeros a la Administración y al poco brío con el que combate determinadas situaciones de «irregularidad» fiscal se extienden a otros ámbitos, como la inspección del uso fraudulento de las sociedades de inversión colectiva de capital variable (Sicav), por su tributación reducida; o del uso de los paraísos fiscales, como fue el caso de la trama descubierta en Liechtenstein.
Por su parte, la Agencia Tributaria se defiende, negando que España esté a la cabeza del fraude en la UE. «Eso ha repetido en muchas ocasiones el responsable de la AEAT, pero los números contradicen esa versión oficial y confirman que es un problema de la sociedad moderna en nuestro país», añade Peláez, para apostillar que «llevamos años pidiendo reformas legales, como la del delito fiscal, que es una figura decorativa, que no sirve para nada porque no es disuasoria. Propusimos modificarlo para que supusiera el ingreso efectivo en prisión, pero la reforma quedó paralizada en la anterior legislatura, cuando se modificó el Código Penal para incluir, por ejemplo, el carné por puntos. Esto demuestra que lo que interesa sí se saca adelante».
La AEAT rechaza las críticas afirmando que aplica las leyes vigentes, pero que modificarlas no es de su competencia.
«El plan debe ser de lucha contra el fraude fiscal, con todo lo que ello implica», subraya el portavoz de IHE, José María Peláez, que se muestra extremadamente crítico con la tibia actuación del Gobierno ante este problema.
Y es que, a tenor de las cifras que manejan los inspectores, el alcance del fraude en España estaría en torno al 20% del producto interior bruto (PIB). «La Administración no quiere hacer un estudio riguroso sobre ello porque sería reconocer su alcance, y prefieren moverse en una nebulosa, escudándose en que es difícil cuantificarlo», explica Peláez, para cifrar en unos 280.000 millones de euros los impuestos que hay actualmente sin pagar.
«Si el PIB en el 2007 llegó por primera vez al billón de euros, y si el 20% de nuestra economía es sumergida, estaríamos hablando de 200.000 millones de euros. Puesto que la presión fiscal en España es del 36%, el cálculo es sencillo: tendríamos 72.000 millones anuales de fraude fiscal. Y dado que se pueden comprobar cuatro años antes de que prescriban, estaríamos ante unos 280.000 millones de euros de tributos impagados», argumenta el portavoz.
Aunque la lucha contra el fraude es uno de los puntos de mayor enfrentamiento entre el colectivo de los inspectores y la Agencia Tributaria, las discrepancias y las críticas de los primeros a la Administración y al poco brío con el que combate determinadas situaciones de «irregularidad» fiscal se extienden a otros ámbitos, como la inspección del uso fraudulento de las sociedades de inversión colectiva de capital variable (Sicav), por su tributación reducida; o del uso de los paraísos fiscales, como fue el caso de la trama descubierta en Liechtenstein.
Por su parte, la Agencia Tributaria se defiende, negando que España esté a la cabeza del fraude en la UE. «Eso ha repetido en muchas ocasiones el responsable de la AEAT, pero los números contradicen esa versión oficial y confirman que es un problema de la sociedad moderna en nuestro país», añade Peláez, para apostillar que «llevamos años pidiendo reformas legales, como la del delito fiscal, que es una figura decorativa, que no sirve para nada porque no es disuasoria. Propusimos modificarlo para que supusiera el ingreso efectivo en prisión, pero la reforma quedó paralizada en la anterior legislatura, cuando se modificó el Código Penal para incluir, por ejemplo, el carné por puntos. Esto demuestra que lo que interesa sí se saca adelante».
La AEAT rechaza las críticas afirmando que aplica las leyes vigentes, pero que modificarlas no es de su competencia.
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