Raúl Castro, que asumió la presidencia en febrero ante la enfermedad de su hermano Fidel, está empeñado en combatir las ilegalidades, que dejan millonarias pérdidas en una economía controlada en más del 90% por el Estado.
En el último mes, la Policía cerró 82 almacenes, 72 fábricas y 31 talleres clandestinos en La Habana, cuya materia prima provenía sobre todo del robo a empresas estatales.
Había de todo como en botica: platos, vasos, cazuelas, accesorios del cabello, tirantes de sostén, champú, vaselina, detergente, juguetes, jabones, bolígrafos, fideos, alfombras, hilo, varillas de soldar, tabaco, carretillas y hasta equipos de computación.
Uno de los talleres, de muebles en maderas preciosas, operaba en los bajos de un centro estatal. Muchos funcionan en casas, las más grandes en las afueras de la ciudad.
La ofensiva involucra a policías, agentes del ministerio del Interior, ex combatientes y los Comité de Defensa de la Revolución: el 'Grupo Operativo de Enfrentamiento al Delito'.
A fines de 2005, Fidel Castro, aún en el poder, alertó que la revolución podía autodestruirse por la corrupción. Empezó la cruzada contra el robo de combustible, pero dos años después aún se 'resuelve' gasolina en la calle.
"Fidel alertó del peligro (...). Tenemos el propósito de acorralar las ilegalidades hasta eliminarlas", dijo Guillermo Pérez, del gobierno provincial de La Habana.
Hay incluso juicios públicos. Jueces con su toga, fiscal, secretaria y policía bajan de una 'guagua', un autobús convertido en tribunal ambulante, y aplican la ley en plena calle a quien agarran in fraganti.
El eufemismo oficial que hablaba de "faltantes" quedó superado por la magnitud del problema. Hace un mes, el vicepresidente Carlos Lage sentenció: "la primera tarea de un jefe es que no le roben".
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