La norma busca crear un nuevo marco legal que facilite una financiación "más económica" y sobre todo, una "liberalización importante" en las partidas que en este sentido se dedican en los presupuestos generales del Estado cada año, según fuentes del Ministerio de Finanzas y Economía andorrano.
De esta forma, y según subrayaron estas fuentes, se podrá dedicar más recursos a otros ámbitos con finalidades sociales, educativas, sanitarias, culturales o deportivas con "más flexibilidad" y sin un perjuicio a la hora de elaborar el presupuesto de cada año.
De hecho, la nueva ley nace a raíz de la necesidad de financiar grandes obras que requiere el país sin que éstas tengan que presupuestarse cada año, sino mediante un sistema de concesión a una o varias empresas que puedan reunir "mucha capacidad humana, técnica y financiera", y que además, puedan asumir los plazos de ejecución fijados.
El fin de esta medida también es lograr que este tipo de obras estén "cuanto antes" y que su ejecución no se demore en el tiempo más de lo previsto.
Uno de los aspectos destacados de la ley desde el punto de vista del mercado exterior es que contempla la posibilidad de que estas obras puedan ser financiadas con capital privado extranjero, ya que en su artículo 17 afirma que el concesionario "puede apelar al crédito en mercado de capitales, tanto exterior como interior, mediante la emisión de toda clase de obligaciones, bonos u otros tipos de títulos parecidos" que estén admitidos por derecho.
La ley recuerda que la emisión de estas obligaciones, bonos o títulos similares deberá comunicarse al órgano de contratación, que según la norma, sólo podrán ser el Gobierno andorrano y las empresas dependientes de éste Servicios de Telecomunicaciones de Andorra (STA) y Fuerzas Eléctricas de Andorra (FEDA).
El Gobierno estará obligado por esta ley a crear un inventario de los contratos de obra pública que prevea financiar por esta vía, y que posteriormente deberá aprobar el Consell General.
No hay comentarios:
Publicar un comentario