La última encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) muestra un empate técnico promovido por una fuerte caída en la intención de voto hacia el PSOE y un significativo aumento hacia el PP.El presidente de Gobierno se mantiene como líder mejor valorado, pero también es alcanzado por la disminución del apoyo de los electores.
La respuesta de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega es de manual: la actual coyuntura económica ‘contamina la percepción de los electores’.
Es decir, la valoración de los electores sobre el Gobierno y el partido que le apoya depende de la situación económica del país y ahora, que es negativa, el Gobierno se ve arrastrado por el deterioro que observan los ciudadanos.
La opinión de la vicepresidenta parece razonable, pero contiene una trampa: ocurría lo mismo, en sentido inverso, cuando la situación económica era buena; entonces la economía también contaminaba la valoración del Gobierno porque la política es una ecuación de ida y vuelta.
Afinando con la reflexión, si el Gobierno no tiene responsabilidad en el deterioro de la economía, porque la crisis es global, ocurría lo mismo en la época de crecimiento que se producía por una coyuntura favorable de la economía internacional.
Si el Gobierno no tiene margen para gestionar la crisis, tampoco lo tenía para gestionar la bonanza, porque las mismas transferencias de competencias tenía el Banco Central Europeo cuando había un crecimiento sorprendente que ahora que estamos al borde de la recesión. Y la misma dependencia de los mercados financieros internacionales.
Quizá los ciudadanos intuyen que el Gobierno trató de ocultar la gravedad de la situación en el momento electoral, con lo que el aterrizaje sobre la realidad ha sido más traumático. Eso explicaría giros tan sorprendentes como los realizados por el Gobierno en materia de inmigración, que es el tercer problema que más preocupa a los ciudadanos.
Hemos pasado de considerar la inmigración como una bendición que hacía aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social y cambiar el sentido de nuestro crecimiento demográfico a asumirla como un problema: directiva europea de repatriación, anuncio de una drástica reducción del reagrupamiento familiar y facilidades para que los inmigrantes en paro regresen a sus países.
Tiene razón la vicepresidenta del Gobierno: la economía contamina la política hasta el punto de que algunos aspectos sociales de la política de inmigración asumida ahora por el PSOE es la que tenía el PP en la campaña electoral.
Es decir, la valoración de los electores sobre el Gobierno y el partido que le apoya depende de la situación económica del país y ahora, que es negativa, el Gobierno se ve arrastrado por el deterioro que observan los ciudadanos.
La opinión de la vicepresidenta parece razonable, pero contiene una trampa: ocurría lo mismo, en sentido inverso, cuando la situación económica era buena; entonces la economía también contaminaba la valoración del Gobierno porque la política es una ecuación de ida y vuelta.
Afinando con la reflexión, si el Gobierno no tiene responsabilidad en el deterioro de la economía, porque la crisis es global, ocurría lo mismo en la época de crecimiento que se producía por una coyuntura favorable de la economía internacional.
Si el Gobierno no tiene margen para gestionar la crisis, tampoco lo tenía para gestionar la bonanza, porque las mismas transferencias de competencias tenía el Banco Central Europeo cuando había un crecimiento sorprendente que ahora que estamos al borde de la recesión. Y la misma dependencia de los mercados financieros internacionales.
Quizá los ciudadanos intuyen que el Gobierno trató de ocultar la gravedad de la situación en el momento electoral, con lo que el aterrizaje sobre la realidad ha sido más traumático. Eso explicaría giros tan sorprendentes como los realizados por el Gobierno en materia de inmigración, que es el tercer problema que más preocupa a los ciudadanos.
Hemos pasado de considerar la inmigración como una bendición que hacía aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social y cambiar el sentido de nuestro crecimiento demográfico a asumirla como un problema: directiva europea de repatriación, anuncio de una drástica reducción del reagrupamiento familiar y facilidades para que los inmigrantes en paro regresen a sus países.
Tiene razón la vicepresidenta del Gobierno: la economía contamina la política hasta el punto de que algunos aspectos sociales de la política de inmigración asumida ahora por el PSOE es la que tenía el PP en la campaña electoral.
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