MADRID.- Al evidente impacto en el mercado laboral, el desplome de la actividad constructora e inmobiliaria suma multitud de efectos colaterales. Entre estos destaca el recorte de los ingresos fiscales que sufrirá el conjunto de administraciones públicas por la caída del ladrillo. Sólo la perdida directa ascenderá este año a algo más de 3.300 millones de euros, según un informe realizado por el Servicio de Estudios de BBVA.
En realidad, la merma para las arcas públicas será mucho mayor -advierte la entidad- si se toman en cuenta todos los tributos relacionados con los beneficios empresariales, la creación de empleo y la masa salarial, condenados también a caer. En su análisis, el banco asegura que los ayuntamientos serán los más perjudicados en un proceso que será mucho más intenso en 2009.
Que el ladrillo genera mucho dinero es evidente, aunque no lo es tanto el enorme flujo de tributos que soporta la actividad y que -en el actual marco de desaceleración- podría reducirse hasta descuadrar las cuentas de alguna administración, sobre todo de las más dependientes del sector.
Y es que sólo de manera directa, la construcción y la vivienda soportan impuestos tan variados como el IRPF, el IVA, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el de Actos Jurídicos Documentados (AJD), cargas locales como el ICIO, el IVTNU o el IBI, y los ingresos procedentes de las contribuciones especiales, la venta de terrenos y las rentas de inmuebles.
Los ingresos no financieros de las administraciones Públicas en los seis primeros meses de este año han retrocedido un 4,8% respecto al mismo periodo de 2007, según los datos de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Economía. Esta caída ha sido más intensa en lo que se refiere al IVA (21%) y al Impuesto de Sociedades (26%).
Ese desplome, señala BBVA, no tiene su origen sólo en las rebajas impositivas y los cambios de calendario respecto al año anterior, sino también, y de forma especial, «en la contracción de de la actividad económica, especialmente acusada en la actividad inmobiliaria y de la construcción».
En realidad, la merma para las arcas públicas será mucho mayor -advierte la entidad- si se toman en cuenta todos los tributos relacionados con los beneficios empresariales, la creación de empleo y la masa salarial, condenados también a caer. En su análisis, el banco asegura que los ayuntamientos serán los más perjudicados en un proceso que será mucho más intenso en 2009.
Que el ladrillo genera mucho dinero es evidente, aunque no lo es tanto el enorme flujo de tributos que soporta la actividad y que -en el actual marco de desaceleración- podría reducirse hasta descuadrar las cuentas de alguna administración, sobre todo de las más dependientes del sector.
Y es que sólo de manera directa, la construcción y la vivienda soportan impuestos tan variados como el IRPF, el IVA, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el de Actos Jurídicos Documentados (AJD), cargas locales como el ICIO, el IVTNU o el IBI, y los ingresos procedentes de las contribuciones especiales, la venta de terrenos y las rentas de inmuebles.
Los ingresos no financieros de las administraciones Públicas en los seis primeros meses de este año han retrocedido un 4,8% respecto al mismo periodo de 2007, según los datos de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Economía. Esta caída ha sido más intensa en lo que se refiere al IVA (21%) y al Impuesto de Sociedades (26%).
Ese desplome, señala BBVA, no tiene su origen sólo en las rebajas impositivas y los cambios de calendario respecto al año anterior, sino también, y de forma especial, «en la contracción de de la actividad económica, especialmente acusada en la actividad inmobiliaria y de la construcción».
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