El Gobierno del presidente Hugo Chávez expropió el lunes los activos de Cemex como parte de un plan de nacionalización encaminado a dominar la producción cementera del país petrolero, y después de que fracasaran las negociaciones sobre el pago por las plantas de la cementera.
"Cemex califica la confiscación y el posterior inicio del procedimiento de expropiación como una violación flagrante a la Constitución, Ley de Expropiación y otras leyes de Venezuela, además de no respetar los principios del Derecho Internacional y los tratados para la protección recíproca de inversiones", dijo Cemex en un comunicado.
Más temprano, el director corporativo de Finanzas de la empresa, Rodrigo Treviño, había dicho a Reuters que el arbitraje internacional era una de las opciones que estudiaba Cemex.
La cementera, que opera en más de 50 países y es la mayor del sector en Venezuela, exigía 1,300 millones de dólares de compensación por sus activos, una suma considerada muy alta por Caracas, que el martes los estimó en unos 400 millones de dólares.
Sin embargo, Cemex dijo en su comunicado que el Gobierno venezolano le ofreció 650 millones de dólares por sus activos.
Las rivales europeas de Cemex, Holcim y Lafarge, alcanzaron un acuerdo para el pago por sus activos en el proceso de nacionalización en Venezuela, a diferencia de la mexicana.
"La oferta presentada a Cemex es menor, proporcionalmente, a lo ofrecido a las empresas europeas, considerando índices de valor por tonelada de capacidad instalada y múltiplos de EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)", señaló el comunicado.
Cemex presentará la demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.
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