Muchos Gobiernos, en especial los de los países ricos, llevan mucho tiempo protestando contra los paraísos fiscales. Han ejercido presión de tres maneras. Una ha sido escuchar el mensaje transmitido por los paraísos fiscales: la gente aparca el dinero en el extranjero porque los impuestos de su país son demasiado altos. Los tipos impositivos -en especial los correspondientes a los impuestos sobre el patrimonio y a los impuestos sobre las rentas más altas- han caído en general.
Otra ha sido la de aplicar presión multilateral mediante organismos como la OCDE. La organización mantiene conversaciones periódicas con un grupo de paraísos fiscales que se han "comprometido a establecer un intercambio de información efectivo en materia de impuestos". La diplomacia ha sido eficaz. Y también dar el nombre de los infractores y avergonzarlos. La OCDE publica una lista de 35 jurisdicciones que cooperan y una lista de las tres que no colaboran. Liechtenstein se encuentra entre las reacias.
Por último, se ejerce una presión bilateral. Alemania ha tomado medidas contra Liechtenstein al comprar información sobre cuentas de sus ciudadanos a un soplón. El Senado estadounidense mencionaba a Liechtenstein en una investigación sobre el asesoramiento que el banco suizo UBS proporcionó a clientes de EE UU para eludir impuestos. La medida apaciguadora del principado no es una coincidencia.
El progreso a la hora de recuperar lo que se ha ido al extranjero se debe también a una paradoja. Podría pensarse que en un mundo de libre movimiento de capitales los paraísos fiscales prosperan. Pero la globalización también supone que ser condenado al ostracismo puede salir caro.
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