Aseguró que "Portugal tiene condiciones para seguir con el proceso de legalización excepcional al abrigo del artículo 88, hasta que el límite del contingente anual para trabajadores extranjeros sea alcanzado".
El artículo 88, también conocido por Ley de Inmigración, prevé la concesión excepcional de autorización de residencia para fines de trabajo a extranjeros que prueben haber entrado y permanecido regularmente en Portugal, que poseen un contrato de trabajo y tienen su situación regularizada con la Seguridad Social.
El gobernante explicó que el nuevo régimen jurídico estipula que las autorizaciones favorables concedidas desde agosto de 2007 (11. 800 de 50.000 solicitudes recibidas) tienen que ser "deducidas del contingente anual de puestos de trabajo disponibles para trabajadores extranjeros, fijado anualmente en febrero por el gobierno".
Hasta febrero del próximo año todavía podrán ser atribuidas cerca de 5.700 autorizaciones.
En febrero de 2009 se iniciará el nuevo ciclo, momento en que será fijada la nueva cuota de "legalización excepcional" de los inmigrantes que pretendan trabajar en Portugal, subrayó José Magalhaes.
Las autoridades portuguesas legalizaron en los últimos doce meses la residencia de más de 11.000 inmigrantes que se encontraban en el país en situación irregular de un total de 50.000 que lo solicitaron, según fuentes oficiales.
Según datos del ministerio luso de Administración Interna el proceso va a continuar y podría aún beneficiar a más de cinco mil personas de acuerdo con la disponibilidad de puestos de trabajo para emigrantes, fijada para 2008 en 8.500 y aún lejos de ser completada.
A falta de estadísticas oficiales, algunas organizaciones no gubernamentales, expertos y fuentes consulares calculan que en Portugal puede haber varios cientos de miles de inmigrantes en situación irregular y sólo los de origen brasileño podrían superar los 200.000.
La gran mayoría de las legalizaciones del último año se realizaron a través de solicitudes por Internet de los afectados y bajo esa ley especial que permite la regularización de residencia a los extranjeros que tengan un contrato de trabajo y paguen las contribuciones a la Seguridad Social.
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