"Vence el plazo para las negociaciones y tenemos acuerdos con dos empresas pero lamentablemente no ha sido posible una negociación con Cemex (...) y entrará en vigencia la medida de expropiación", dijo a la prensa el Ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez.
"En la medianoche de hoy (lunes) tomaremos el control operacional de las instalaciones de Cemex", agregó.
El lunes expiró el plazo concedido por el gobierno de Hugo Chávez a las tres principales empresas cementeras para acordar un precio de venta que permita al Estado asumir el control de esta industria en Venezuela.
"Lo que pretendía Cemex está muy por encima de sus capacidades, requerían más de 1.200 millones de dólares", precisó Ramírez, considerando que sus activos están "muy por debajo" de esa cantidad.
El ministro subrayó que tras la ocupación de la planta de Cemex y como estipula ley, las partes deben estimar un valor justo para sus activos y en caso contrario se recurrirá a un tribunal.
Cemex es responsable del 50% de la producción de cemento en Venezuela, en tanto que la firma francesa Lafarge y la suiza Holcim producen entre ambas el 50% restante.
El Gobierno venezolano pagará a Lafarge 257 millones de dólares por el 89% de sus acciones. La firma francesa mantendrá 5% de los títulos y el 6% restante se negocia en Bolsa.
Holcim cederá 85% de sus acciones por 552 millones de dólares y pasará a ser socio minoritario con una participación de 15%.
Ramírez señaló que los recursos para pagar a las transnacionales "están disponibles" y que el presidente del país, Hugo Chávez, ordenará su ejecución dentro de los próximos 60 días, aunque no detalló cómo se saldará esta deuda.
Por su parte, el vicepresidente venezolano, Ramón Carrizález, explicó que el gobierno estaba dispuesto a pagar por Cemex una cifra cercana a los 819 millones de dólares, es decir lo mismo que por Lafarge y Holcim juntas.
"Cemex arrastra serios problemas de eficiencia en materia ambiental y en materia fiscal y eso hay que ponerlo en orden", valoró el ministro de Energía.
En palabras de Carrizález, con Lafarge y Holcim "hubo una negociación amistosa" y en el caso de Cemex se respetarán todas las leyes relativas a la expropiación.
Chávez anunció en abril la nacionalización de la industria del cemento y ordenó negociar con representantes de Cemex, Holcim y Lafarge para adquirir al menos un 60% de sus acciones.
El decreto que reglamentó esta nacionalización en junio concedió 60 días para negociar los acuerdos, plazo que vencía el lunes a medianoche (04,30 GMT del martes).
El objetivo gubernamental con estas compras es "desarrollar una política planificada" para el sector cementero local que impulse "la construcción de viviendas e infraestructura", "optimice costos" y "salde problemas ambientales", subrayó Ramírez, quien estuvo al frente de las negociaciones.
"Vamos a tomar las plantas cementeras esta medianoche porque se acabó el plazo y pasan a manos del Estado (...) como pasó la siderúrgica del Orinoco (Sidor), como pasó la Faja del Orinoco, como pasó la compañía de teléfonos de Venezuela. Todo eso son pasos al socialismo", dijo Chávez poco después del anuncio de la expropiación de Cemex.
La producción de cemento en Venezuela en 2007 fue de 10,2 millones de toneladas métricas, de las cuales un 50% correspondió a Cemex, 25% a Holcim y 25% a Lafarge.
Desde 2007, el Gobierno venezolano lleva a cabo una política de toma de control de sectores estratégicos como la industria petrolera, la electricidad o la siderurgia.
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