Ni los más veteranos recuerdan un espasmo semejante al que la pasada semana se produjo en los mercados bursátiles de todo el mundo: el anuncio por parte de las autoridades de Estados Unidos de un vasto programa de rescate del sistema financiero mudó la tendencia depresiva de los primeros días en desmedida euforia al cierre.La primera duda es si con esto se arreglan los problemas de fondo. Esto es, si los mercados financieros van a recuperar la normalidad. O, para decirlo más claramente, si será suficiente para restablecer la confianza, reactivar el crédito y, en definitiva, liberar el estrangulamiento generalizado que desde hace un año padece la actividad. En realidad, si la crisis es solamente o sobre todo estrictamente financiera... o hay algo más.
Otra relevante, directamente relacionada con el plan anunciado en Estados Unidos, es si el medio billón de euros en que se ha calculado su coste es exacto, aproximado o insuficiente, dado que nadie se atreve a cuantificar del todo lo que ha venido en llamarse activos dañados y que, jerga eufemística al margen, significa créditos imposibles de cobrar. ¿Son de verdad el grueso del problema las hipotecas subprime?
No menos importante será despejar si bastará con actuar al otro lado del Atlántico, ¿o será necesario que otros gobiernos articulen programas semejantes en auxilio de sus respectivos sistemas financieros? Y, caso que lo fuera, ¿se puede pensar en algo similar en la eurozona, con 27 gobiernos, 27 parlamentos y 27 situaciones estatales de lo más variopinto?
Tampoco faltan preguntas más de fondo. Por ejemplo, dado que la formulación no es nada original, ¿no se pudo hacer antes? Estos días se ha comentado el paralelismo con la medida adoptada años atrás en Suecia, pero tampoco hace falta ir tan lejos:
España aplicó un esquema parecido para abordar la crisis bancaria aparecida en los años 70-80 del pasado siglo, cuyo último episodio fue la intervención de Banesto en 1993; aunque con la diferencia de que no empleó fondos presupuestarios de forma directa, sino a través del Banco de España y las aportaciones del resto del sector.
Otra cuestión a tener en cuenta es que la agencia pública que va a asumir la titularidad de los activos dañados configurará un balance integrado por los créditos de dudoso o imposible cobro, pero también los bienes asociados como garantía: ¿los ejecutará todos? ¿Dará tratamiento diferenciado a la residencia habitual, como algunos han sugerido?
Y, en el caso de bienes ejecutados, ¿qué hará con ellos? ¿Sabrá gestionarlos? ¿Acabará convertida esa agencia en una enorme inmobiliaria compitiendo con las empresas privadas dedicadas al negocio? ¿Qué efecto tendrá sobre los precios de los inmuebles la eventual puesta en el mercado de un abultado stock público?Más allá de las preguntas, más de uno discutirá la realidad práctica de que las entidades financieras van a verse liberadas del quebranto derivado de haber otorgado préstamos sin la prudencia exigible a quienes, como es el caso, manejan fondos ajenos -depósitos- que les han sido confiados por terceros sin capacidad de intervenir en el destino que se les decida dar.
Importan poco a estas alturas los motivos por los que lo hicieron, aunque es evidente que la codicia formó parte de esa motivación. ¿Tendrá poderes curativos la solución arbitrada para que no se vuelva a repetir algo similar?Y no faltarán sarcasmos sobre el sesgo intervencionista de una Administración republicana, teóricamente militante del libre mercado, en la economía más presuntamente liberalizada del mundo? claro que nada comparable a oír al líder de una patronal reclamando una suspensión temporal de la economía de mercado, como acaba de suceder por aquí.
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