El aumento, anunciado por el ministro de Planificación Federal Julio De Vido en conferencia de prensa, regirá desde el primero de septiembre y oscilará entre el 10% y el 30%, según el nivel de demanda.
De Vido estimó que de los 6,5 millones de hogares que poseen servicio de gas por redes, 52% --unos 3,4 millones de hogares-- quedarán fuera del aumento. La industria y el comercio serán los que pagarán mayores incrementos.
En tanto, el cilindro de gas que compran las familias más humildes --unos tres millones de hogares, según estimó De Vido-- costará 16 pesos (unos 5 dólares) a partir del primero de octubre, una considerable rebaja respecto al precio actual de unos 30 pesos en promedio.
De Vido sostuvo que un nuevo esquema de precios más distributivo "ha sido uno de los principales desvelos de la señora presidenta" Cristina Fernández, ya que actualmente los sectores más acomodados son los que pagan el gas más barato.
El aumento de tarifas también busca controlar el gasto público para evitar un deterioro del superávit primario, clave para el pago de la deuda pública.
El gobierno destina unos 10.000 millones de dólares anuales en subsidios, de los cuales un tercio están dirigidos a paliar la crisis energética que vive el país y que en su mayoría se destinan a la importación de gas de Bolivia y fuel oil de Venezuela.
De Vido indicó que parte de los ingresos adicionales que recibirán las empresas por el aumento de tarifas serán usados para subsidiar el precio de la "garrafa social", como llaman los cilindros para los más pobres.
Según analistas, el aumento en las tarifas no incidiría en el ya elevado nivel de inflación, que el gobierno estima que para todo el año será de entre 8% y 11%, aunque analistas privados prevén en más del 25%.
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