Desde julio de 2007, el precio de la comida, el café, las entradas para el cine y otros bienes subió en la provincia un 25,1% en promedio, comparado con el aumento de 9,1% informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.
Desde hace más de un año, economistas y críticos del gobierno acusan al Indec de informar una inflación menor a la real. Y muchos consideran que el índice de San Luis es el que más se acerca al verdadero aumento de precios, dijo Adrián Garraza, director de la Dirección Provincial de Estadística y Censos.
San Luis y Santa Fe, gobernadas por mandatarios opositores a la administración nacional, son las únicas provincias --de las 24 de todo el país-- que informan el índice de inflación utilizando el mismo método que el Indec usaba hasta el año pasado.
"No quieren que los metan en la misma bolsa con el gobierno nacional", dijo Osvaldo Cado, analista económico de la consultora Prefinex de Buenos Aires. "Nosotros sabemos que la inflación no es del 9,1%", añadió.
Pese a que el gobierno asegura que las mediciones del Indec son confiables, la gente en la calle siente otra cosa.
Sólo 10% de los argentinos confía en la estadística oficial, de acuerdo con una encuesta de la consultora Ibarómetro realizada el 19 de agosto sobre 700 entrevistas, con un margen de error del 4%. Otro sondeo de la firma realizado en julio, había revelado que más de un tercio de los consultados consideraba a la inflación su preocupación principal.
La creciente desconfianza en el Indec se ha traducido en un descenso en la popularidad de la presidenta Cristina Fernández, quien según las encuestas más recientes posee una imagen positiva que ronda el 20%.
La discrepancia sobre el índice oficial de inflación y el verdadero también preocupa a los inversores, quienes temen que esta falta de transparencia sea una señal de que el gobierno también podría enmascarar otras debilidades de su economía vinculadas con su capacidad de pago de la deuda nacional.
En agosto, la calificadora de riesgo Moody's Investors Services redujo la perspectiva de la deuda argentina de "positiva" a "estable", mientras que Standard & Poor's bajó de B+ a B la nota de los bonos de deuda argentinos, por sus dudas sobre la solidez financiera del país.
Fernández anunció la semana pasada la cancelación de la deuda de 6.700 millones con el Club de París, pero los analistas dicen que de todos modos Argentina tendrá problemas para conseguir nuevos fondos, mientras las cifras de inflación se ven como una instantánea no fiable de la salud de su economía.
Los aumentos de precios han sido impulsados por un crecimiento sostenido de la economía, una suba en los costos de la energía y un conflicto de cuatro meses entre el gobierno y los productores agropecuarios que provocó desabastecimiento en todo el país. A su vez, el gobierno aumentó un 35% el gasto público en los últimos 12 meses, inyectando efectivo a la economía y aumentando los costos.
La expectativa inflacionaria llevó a los sindicatos a exigir importantes mejoras en los salarios, lo que empujó los precios de las mercancías que los trabajadores producen y venden.
Las sospechas sobre el índice de inflación del Indec comenzaron a principios de 2007, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner, esposo de la actual mandataria, reemplazó al director del organismo por una amiga personal del Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. La maniobra, dicen los críticos, le dio a la administración de Kirchner una línea directa con el Indec que a su vez le permitió mantener bajas las cifras de inflación.
Trece empleados acusaron públicamente al Indec de manipular los índices. Luego perdieron su trabajo, lo que desató una protesta de cientos de sus colegas en noviembre pasado.
El Indec adoptó en mayo una nueva metodología para medir la inflación, que excluye las primeras marcas pero incluye productos cuyos precios han sido acordados con el gobierno y limitó las mediciones al gran Buenos Aires, donde según analistas la mayor competencia entre comerciantes mantiene bajos los precios a diferencia de lo que sucede en el interior del país.
Otra de las críticas es que la nueva metodología --que mide la inflación en nueve áreas básicas-- incluye muchos productos que no son identificados, lo que hace imposible verificar la variación en sus precios.
Cada punto porcentual de inflación que no es reportado le permite al gobierno ahorrarse 600 millones de dólares en el pago de los bonos en pesos ajustados por inflación. Desde principios de 2007, el gobierno se ahorró unos 10.000 millones de dólares gracias a estas maniobras, explicó Ramiro Castiñeira, analista de la consultora Econométrica.
Pero los funcionarios argentinos podrían caer en su propia trampa, aseguró Fausto Spotorno, economista de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados.
Para controlar la inflación, los analistas coinciden en que el gobierno necesita recortar el gasto, una tarea difícil ya que regularmente recurre a los subsidios y las subas de salarios y jubilaciones para compensar el verdadero aumento de precios.
Y para recuperar la confianza de los inversores y mejorar el acceso del país al crédito internacional, el manejo del Indec y sus cuestionadas técnicas de medición deben ser reemplazados.
Pero esto podría disparar la inflación oficial, forzando a los funcionarios a admitir que han estado falseando los datos, dijo Sportono.
Mientras tanto, el Banco Central tiene las manos atadas: en lo que va del año ya ha subido las tasas de interés del 10% al 12%.
"Debido a un problema de credibilidad de los índices oficiales, tenemos una situación en mi juicio muy irregular", dijo días atrás el ex presidente del Banco Central Mario Blejer durante un seminario en Buenos Aires.
"No sé cuánto es la inflación real, eso es la verdad. Y eso es un problema", agregó.
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