domingo, 21 de septiembre de 2008

Demócratas y republicanos discuten el plan contra la crisis financiera en EE UU

WASHINGTON.- Demócratas y republicanos discuten este domingo la histórica solicitud gubernamental de 700.000 millones de dólares para rescatar el sector financiero estadounidense, con la insistencia demócrata de que los endeudados dueños de viviendas, cuyas dificultades dispararon la crisis, también reciban auxilio.

El plan que el gobierno de George W. Bush envió al Congreso en la noche del viernes le otorga al secretario del Tesoro, Henry Paulson, amplia autoridad durante los próximos dos años para adquirir hasta 700.000 millones de dólares de activos vinculados a hipotecas en dificultades para disipar la grave crisis financiera, según el borrador de la propuesta.

Responsables del gobierno y del Congreso, incluyendo a Paulson, trabajan desde el sábado y durante todo el fin de semana sobre el paquete de rescate debido a la urgencia de la situación, que la administración Bush dice que sería catastrófica para el sistema financiero del país si no se la enfrenta.

Poco después del rescate oficial sin precedentes de la gigantesca firma aseguradora American International Group (AIG) y la toma de control de los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, la legislación podría producir los cambios más significativos en legislación financiera desde la Gran Depresión de la década del 1930. Los legisladores esperan que se apruebe esta semana.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que los demócratas trabajarán con los republicanos para dar forma a la medida de rescate, pero insistió en que no se deben perder de vista los intereses de los norteamericanos de a pie.

En un comunicado en la noche del sábado, Pelosi dijo que el gobierno de Bush "ha solicitado al Congreso autorizar, en un plazo muy corto, una autoridad amplia y sin precedentes al secretario del Tesoso para enfrentar una crisis financiera de proporciones históricas".

Los demócratas trabajarán con funcionarios del gobierno para encarar la crisis, agregó Pelosi, pero se debe mantener a salvo a la gente común para que ésta "conserve sus viviendas reduciendo las ejecuciones hipotecarias".

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, dijo: "Ahora es evidente por sí mismo que las políticas extremas de manos libres del gobierno de Bush han sido desastrosas (...) El pueblo estadounidense tiene todo el derecho de estar indignado porque estemos en esta situación".

Reid dijo que la propuesta de la Administración Bush "plantea serios temas" e insistió en que "necesitamos resolverlos rápidamente".

El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, emitió un comunicado llamando a que el plan de rescate esté fuera de "planes partidarios".

En un resumen del plan revelado el sábado, el departamento del Tesoro dijo que gestores privados manejarían los activos bajo la dirección del departamento "para lograr los objetivos del programa".

El precio de los activos hipotecarios en problemas, cuyo valor se ha derrumbado en la peor caída del sector inmobiliario de Estados Unidos en décadas, se determinará "mediante mecanismos de mercado donde sea posible, tal como subastas en reversa".

En una subasta común, el vendedor pide un precio de base y la puja lo va elevando. En una subasta en reversa, sin embargo, el comprador -o el gobierno de Estados Unidos- dice un precio y el vendedor decide si lo acepta o no.

La información del departamento del Tesoro sobre el proyecto no especifica qué tipo de instituciones financieras califican para el rescate, pero parece abrir la puerta a firmas extranjeras.

"Las instituciones financieras participantes deben tener operaciones significativas en Estados Unidos, a menos que el secretario (del Tesoro) tome una decisión, en consulta con el presidente de la Reserva Federal, de que se precise una calificación más amplia para estabilizar los mercados financieros".

El Tesoso estaría autorizado a adquirir activos hipotecarios de cualquier institución financiera con sede en Estados Unidos y estaría obligado a dar cuenta regularmente de sus actividades al Congreso.

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