ALMERÍA.- Dieciocho asociaciones ecologistas de Almería han pedido el cese de la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, por sostener que «los terrenos sobre los que se alza el Algarrobico y los adyacentes son urbanizables», cuando el juez que ha anulado su licencia cree incontestable que son espacios protegidos.
La reacción de estos colectivos, integrados en la Red Almeriense en Defensa del Territorio, se ha producido después de que Castillo defendiera en los últimos días que los citados terrenos están calificados como urbanizables por lo que, de no hacerse efectivo por decisión judicial el derecho de retracto ejercido por la Junta, «no podremos impedir que allí se haga algún tipo de construcción», según sus palabras.
En un comunicado, las agrupaciones han acusado a Castillo de contradecir «flagrantemente» la sentencia por la que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Almería ha anulado la licencia municipal de obras concedida para el hotel.
En ella, el magistrado Jesús Rivera considera «incontestable» que, según el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cabo de Gata de 1994, el edificio se construyó en espacios protegidos incompatibles con el uso urbanístico, afirmación que constituye uno de los fundamentos jurídicos que han permitido exigir la revisión de la licencia de obras concedida a la mercantil Azata del Sol.
También han exigido estas agrupaciones tanto a Castillo como al presidente de la Junta, Manuel Chaves, que «abandonen la mentira» en relación al fallo judicial hecho público, por el que el magistrado remite la causa a la Fiscalía al apreciar en la actuación de las administraciones autonómica y local indicios de la comisión de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.
Al tildar de meras opiniones las acusaciones vertidas por el juez, «ignoran la mayor parte de la sentencia y del fallo» judicial, han abundado los 18 grupos ecologistas después de que Castillo insistiera en el Parlamento de Andalucía en que la anulación de la licencia del hotel da la razón a la Junta de Andalucía.
Por su parte,l consejero de Agricultura y Pesca, Martín Soler, que fue delegado de Medio Ambiente en Almería entre 1994 y 1998, ha tildado de «meras conjeturas las acusaciones vertidas contra la Junta» por el juez Jesús Rivera en la sentencia en la que éste anuló la licencia municipal del Algarrobico.
Soler ha coincidido con la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, y con el propio presidente de la Junta, Manuel Chaves, en la correcta actuación de la administración autonómica en todo lo referente al hotel.
«Las demás valoraciones del juez, dentro de lo respetable, son meras conjeturas y opiniones», aseguró después de que éste decidiera remitir la causa a la Fiscalía.
Para argumentar esta correcta actuación por parte de la administración, Soler recordó que la Fiscalía de la Audiencia Provincial instruyó diligencias por este asunto a instancias de los grupos ecologistas, y ordenó el archivo de las mismas hasta en dos ocasiones.
La reacción de estos colectivos, integrados en la Red Almeriense en Defensa del Territorio, se ha producido después de que Castillo defendiera en los últimos días que los citados terrenos están calificados como urbanizables por lo que, de no hacerse efectivo por decisión judicial el derecho de retracto ejercido por la Junta, «no podremos impedir que allí se haga algún tipo de construcción», según sus palabras.
En un comunicado, las agrupaciones han acusado a Castillo de contradecir «flagrantemente» la sentencia por la que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Almería ha anulado la licencia municipal de obras concedida para el hotel.
En ella, el magistrado Jesús Rivera considera «incontestable» que, según el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cabo de Gata de 1994, el edificio se construyó en espacios protegidos incompatibles con el uso urbanístico, afirmación que constituye uno de los fundamentos jurídicos que han permitido exigir la revisión de la licencia de obras concedida a la mercantil Azata del Sol.
También han exigido estas agrupaciones tanto a Castillo como al presidente de la Junta, Manuel Chaves, que «abandonen la mentira» en relación al fallo judicial hecho público, por el que el magistrado remite la causa a la Fiscalía al apreciar en la actuación de las administraciones autonómica y local indicios de la comisión de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.
Al tildar de meras opiniones las acusaciones vertidas por el juez, «ignoran la mayor parte de la sentencia y del fallo» judicial, han abundado los 18 grupos ecologistas después de que Castillo insistiera en el Parlamento de Andalucía en que la anulación de la licencia del hotel da la razón a la Junta de Andalucía.
Por su parte,l consejero de Agricultura y Pesca, Martín Soler, que fue delegado de Medio Ambiente en Almería entre 1994 y 1998, ha tildado de «meras conjeturas las acusaciones vertidas contra la Junta» por el juez Jesús Rivera en la sentencia en la que éste anuló la licencia municipal del Algarrobico.
Soler ha coincidido con la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, y con el propio presidente de la Junta, Manuel Chaves, en la correcta actuación de la administración autonómica en todo lo referente al hotel.
«Las demás valoraciones del juez, dentro de lo respetable, son meras conjeturas y opiniones», aseguró después de que éste decidiera remitir la causa a la Fiscalía.
Para argumentar esta correcta actuación por parte de la administración, Soler recordó que la Fiscalía de la Audiencia Provincial instruyó diligencias por este asunto a instancias de los grupos ecologistas, y ordenó el archivo de las mismas hasta en dos ocasiones.
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