El presidente Rafael Correa dejó en suspenso dicha obligación al día siguiente de haber ordenado el embargo y militarización de los bienes de Odebrecht por negarse a reconocer una millonaria indemnización por los daños en la hidroeléctrica San Francisco, con capacidad de 350 megavatios.
"Nosotros pensamos seriamente en no pagar ese crédito de Bandes (...), que lo dio a través de Odebrecht para la construcción de San Francisco, y que también tiene graves irregularidades", dijo el mandatario.
"Es un dinero que se le da a la empresa, pero aparece como deuda de Ecuador con Brasil. Pero más aún es un préstamo de centenas de millones de dólares, de más de 200 millones, para un proyecto que no sirve", dijo.
Desde Nueva York, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, confió en que el problema será resuelto amistosamente y no descartó un encuentro con Correa para tratar el tema. "En el momento en que llegue la necesidad de que tenga que hablar con (el presidente) Correa, entonces hablaré. No tengo dudas de que vamos a encontrar un acuerdo", señaló.
Correa criticó severamente a la constructora por los daños en San Francisco, que dejó de operar hace dos meses por una avería en las turbinas apenas un año después de ser entregada la obra. No obstante desestimó que el caso tenga "repercusiones internacionales", lo que sin embargo no fue descartado por analistas.
"En Brasil la medida seguramente enfurecerá al gobierno, que respalda fuertemente a sus transnacionales, mientras que afuera esto será visto como una confiscación", dijo por su parte Carlos Espinosa, experto en relaciones internacionales de la Universidad San Francisco.
Tras el embargo Brasilia anunció que su embajada en Quito mantiene como "huéspedes" a dos brasileños empleados de la constructora, a quienes no identificó. "La embajada está ofreciendo la protección que precisan estos dos ciudadanos brasileños", dijo un portavoz de la cancillería brasileña, añadiendo que otros dos funcionarios ya están en Brasil.
Correa suspendió el derecho a movilizarse libremente a Fabio Andreani Gandolfo, Fernando Bessa, Luiz Antonio Mameri y Eduardo Gedeon, funcionarios de Odebrecht, a quienes también prohibió salir del país. Correa además ordenó que los militares custodien las obras pendientes de Odebrecht (un aeropuerto, dos represas para riego y otra hidroeléctrica).
"Se les dijo: arreglen esto y reconozcan el lucro cesante", pero la firma "se ha negado irresponsablemente a indemnizar por los perjuicios ocasionados al Estado", argumentó.
El vicepresidente de Odebrecht, Paulo Oliveira, expresó a su vez que espera una "solución negociada" y que se mantiene el "compromiso" de reparar la hidroeléctrica.
Además, consideró que una propuesta presentada a Quito para solucionar el problema fue "altamente positiva" con oferta de un depósito de garantía por 43 millones de dólares y una auditoría internacional permanente.
Pero Correa replicó que Odebrecht se negó a firmar el acuerdo en dos ocasiones.
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