Así lo anunció hoy el delegado de Vivienda y Ordenación del Territorio en Almería, Luis Caparrós, quien volvió a remitir los instrumentos de planificación municipal y autonómicos para hallar solución a las más de 5.000 viviendas propiedad de residentes británicos pese a que matizó que la Junta de Andalucía está "obligada a colaborar con la Justicia" y acatará cualquier resolución judicial referente a los inmuebles.
Al término de una reunión con los regidores implicados y portavoces de la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN), Caparrós concretó en el Plan General de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, cuyo reglamento será sometido a aprobación en diciembre, y que se desarrollará en colaboración con la Diputación Provincial, que ha garantizado "su colaboración total y permanente".
Avanzó que el trabajo conjunto se realizará de forma paralela a la redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) y modificaciones parciales a la normativa, pese a lo que advirtió a la AUAN que no tendrán solución aquellas viviendas "con problemas", sin equipamientos y servicios públicos, o alejadas de núcleos urbanos consolidados.
Matizó, no obstante, que seguir residiendo en inmuebles fuera de ordenación "será responsabilidad del propietario de la vivienda" y reveló que, según la legislación, en el PGOU se clasificará de especial protección el suelo adyacente a la parcela construida.
La AUAN mantiene una convocatoria de protesta el próximo día 18 ante las cuatro resoluciones administrativas de derribo de la Junta de Andalucía y las diligencias penales incoadas por Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal Overa en el mismo sentido que pesan sobre un total de 23 viviendas propiedad de británicos residentes en el término municipal de Cantoria por ser "contrarias" a la legalidad urbanística.
Las cuatro resoluciones, en el paraje Arroyo Albachez, están ahora pendientes de la decisión que adopte la Audiencia Provincial sobre la continuidad del proceso penal abierto de forma paralela después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazase el recurso interpuesto por los propietarios al considerar que no se produce "non bis ídem" ya que son "procedimientos distintos dirigido uno a restablecer la legalidad urbanística y el otro, sancionador".
Distinto es el caso de ciudadanos británicos que adquirieron una de las 19 viviendas en la pedanía de Fas para las que el Ministerio Público ha solicitado ante el Juzgado de Instrucción número dos de Huércal Overa la demolición aunque reconoce el derecho a percibir una indemnización por el importe de la venta, que deberían satisfacer los dos promotores imputados por un presunto delito contra la ordenación del territorio.
En enero, una pareja domiciliada en el término municipal de Vera, a la que el Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite su recurso de amparo, veía como se hacía realidad la demolición de su vivienda en ejecución de una sentencia firme dictada en 2004 por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número dos de Almería y por la que la AUAN interpuso una queja ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE).
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