Los expertos de la firma indicaron que la merma de casi 20.000 millones de ingresos en las arcas públicas este año por todos los impuestos relacionados con la actividad inmobiliaria (desde que se empieza a promover un suelo hasta que se vende la primera vivienda) son equivalentes a dos puntos porcentuales del PIB, con lo que, en su opinión, "repercutirá en el desempleo y la financiación pública".
Esta reducción de ingresos públicos deriva del parón de actividad que, según las proyecciones del IPE, se saldará en 2008 con un descenso del 37,05% en el número de viviendas iniciadas, hasta situarse en las 398.446 unidades (la cifra más baja desde 2001), y una caída del 34,75% en las terminadas, hasta 422.981 viviendas (la cifra más baja desde 2002).
Además, el número de visados solicitados (primer trámite que se emprende para construir en el futuro una vivienda) se reducirá a más de la mitad (un 55%), desde los casi 700.000 de 2007, hasta los 310.566 de cierre de este año.
El 'pulsómetro' del sector elaborado por el IPE apunta además que la construcción de nuevas viviendas de protección oficial (VPO), negocio por el que los promotores apuestan para tratar de salir de la actual crisis, caerá un 52% este año, desde las 83.793 de 2007 hasta las 40.916 unidades, lo que además supondrá la cifra más baja desde de al menos el año 2000.
De esta forma, la proporción de VPO promovidas en relación al total de viviendas construidas descenderá desde el 13,6% que constituyó en 2007 hasta el 10,27% este año.
Los promotores ya alertaron recientemente de las dificultades que estaban encontrando a la hora de apostar por la vivienda protegida para salir de la crisis, dada la falta de suelo de disposición inmediata y el hecho de que la restricción de la financiación bancaria ha llegado también a este tipo de proyectos.
Con todo, los expertos del IPE aseguran desconocer donde está el fondo de la actual tendencia a la baja del sector, que, no obstante, no se producirá en tanto se siga destruyendo empleo, según indicó en rueda de prensa el director de cátedra de desarrollo inmobiliario sostenible del IPE, José Antonio Pérez.
Como recetas para sortear la actual crisis, el instituto apunta a la necesidad de drenar el actual 'stock' de viviendas haciéndolas accesibles a la demanda retenida y apuesta por articular exenciones fiscales en la compra de primera vivienda para aquellos en los que el esfuerzo financiero para costearla (el porcentaje de suelo que se destina a pagar la letra de la hipoteca) supere un determinado porcentaje.
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