lunes, 22 de septiembre de 2008

Los agropecuarios de Paraguay alarmados por el nuevo impuesto a la soja

ASUNCIÓN.- Los gremios de productores de soja manifestaron el lunes su alarma porque la cámara de diputados, con el apoyo del gobierno del presidente Fernando Lugo, estudia un proyecto de ley para establecer un nuevo impuesto a la oleaginosa.

Paraguay es el tercer productor de soja en América del Sur detrás de Brasil y Argentina y sexto en el mundo.

Los diputados Elvis Balbuena y Pedro González del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), socio mayoritario en la coalición Alianza Patriótica para el Cambio (APC) liderada por Lugo, presentaron el proyecto que grava la soja.

"El ministro de Economía Dionisio Borda anunció la semana pasada que, supuestamente, el estado necesita cobrarle un nuevo tributo a la soja con el nombre de 'impuesto transitorio' para recaudar más pero los sojeros pagamos mucho dinero al fisco", se quejó Héctor Cristaldo, presidente de la Coordinadora de Productores Agrícolas.

Agregó que si la oleaginosa paraguaya "es castigada con otro tributo, perderá competitividad en los mercados internacionales. La soja es la locomotora que tira los carros de la economía nacional".

En 2007, ingresaron al país 700 millones de dólares por la exportación del grano; en segundo lugar se colocó la carne vacuna con 600 millones de dólares y en tercer puesto, las remesas de paraguayos residentes en el exterior con 500 millones de dólares.

En 2008 se destinaron 2.600.000 hectáreas para la siembra del rubro que dará un rendimiento récord de 8 millones de toneladas.

Claudia Ruser, presidenta de la Asociación Paraguaya de Sojeros, recomendó al gobierno que "cobre impuestos a las ganancias de los bancos comerciales privados que lucran con sus altos intereses. La soja no es una actividad especulativa".

La APC cuenta con mayoría tanto en Diputados como Senadores por lo que en menos de un mes, según los proyectistas liberales, estaría listo el nuevo impuesto.

El presidente Lugo estableció para 2009 un presupuesto general de gastos de 7.000 millones de dólares que, pese a ser superior en 2.000 millones al presupuesto de este año, será insuficiente para llevar adelante sus planes de asistencia alimenticia, sanitaria y educativa sólo a los indígenas en situación de miseria y campesinos pobres.

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