La protesta comenzaba el primer minuto del viernes y culminará el próximo miércoles, con un acto que reunirá a los líderes agropecuarios en un cruce de ruta en la rica Pampa Húmeda, la región central del país, desde donde partirán luego a la capital argentina, para realizar un abrazo al Parlamento.
A pesar de que el comité de huelga negó que haya bloqueo de rutas en el marco de la medida de fuerza, centenas de productores se organizaban este jueves en distintos puntos del país para controlar la carga de los camiones y frenar el paso a los que transporten cereales o ganado en pie.
La nueva protesta se enmarca en el escenario mundial complicado a raíz de la crisis financiera, que provocó una fuerte caída de los precios internacionales de materias primas agrícolas, que junto a los productos agroindustriales, conforman más del 50% de las exportaciones totales del país.
La soja ocupa la mitad de la superficie sembrada en Argentina y genera ingresos anuales por 24.000 millones de dólares, pero su precio se derrumbó en los últimos meses en el mercado de Chicago, lo que afectó la renta del sector agropecuario.
Argentina, cuyas ventas externas de alimentos rondan los 35.000 millones de dólares anuales, es el primer exportador mundial de harinas y aceites de soja, cuarto de trigo, segundo de maíz, y tercero de granos de soja, según la secretaría de Agricultura estadounidense.
El gobierno acusó a los líderes agrarios de hacer un uso político del reclamo, pero los productores aseguran que el diálogo que prosperó desde mediados de julio se estancó por la ausencia de propuestas concretas en materia de subsidios y reducciones impositivas para el sector.
Sin embargo, representantes del movimiento agrario reconocieron su intención de integrar las listas de la oposición para las elecciones legislativas de 2009. "Tenemos que formar un bloque que defienda los intereses del campo en el Congreso como el que existe en Brasil", dijo Alfredo De Angeli, el más popular de los líderes agropecuarios.
Los productores realizaron una triunfante huelga de 128 días entre marzo y julio pasado, contra un proyecto oficial para instalar un sistema de alícuotas flotantes a las exportaciones de soja, entre otros granos y cereales, sometidas al nivel de precios mundiales, que finalmente fue rechazado por el Congreso.
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