"Hay un proyecto de resolución para repatriar los fondos comunes de inversión de Brasil, a los efectos de poder inyectar un mayor nivel de liquidez en el sistema financiero local", dijo el gerente de la Superintendencia de las Administradoras (de fondos jubilatorios)", Sergio Chodos.
El funcionario gubernamental afirmó que "un depósito a plazo fijo en Argentina es el mejor refugio para esos activos porque en momentos de altísima volatilidad no sufre las fluctuaciones de precio que afectan a los bonos".
Chodos explicó que la repatriación de los 544 millones de dólares "es un programa que se concretará en tres días", a iniciarse una vez que el Banco Central (autoridad monetaria) haya ratificado la normativa que cuenta con el aval del organismo de control de los fondos de pensiones privados.
La decisión de inyectar ese dinero al mercado argentino se da en el marco de la discusión del proyecto de ley para nacionalizar las jubilaciones privadas, que iniciaba este martes el Parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría. En el caso de aprobarse la iniciativa, se creará un sistema estatal único de pensiones.
Entre los argumentos del gobierno para nacionalizar los fondos, figura el hecho de que el volumen total de activos en manos de los diez fondos se redujo drásticamente desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre pasado. La pérdida se produjo al compás de la crisis financiera global, según datos de la Superintendencia de fondos, que actúa como organismo de control.
Por lo tanto, los fondos que pasan del sector privado al Estado, si se aprueba la ley, son 26.000 millones de dólares y no 30.000 millones como se calculó hace una semana, cuando la presidenta Cristina Kirchneer lanzó el programa el martes 21 de octubre.
Además, el gobierno sostiene que aporta unos 4.000 millones de pesos anuales (unos 1.200 millones de dólares) al sistema privado para garantizar el pago de las jubilaciones mínimas.
Pero desde la oposición parlamentaria liberal, derechista y socialdemócrata, se estima que la iniciativa es una maniobra para capturar fondos frente a los fuertes vencimientos de la deuda pública que el país debe afrontar en 2009, en torno a los 20.000 millones de dólares.
Los fondos privados fueron autorizados el lunes a volver a operar en el mercado financiero, aunque con reestriciones, tras un veto judicial la semana pasada, a raíz de una investigación por presuntas maniobras fraudulentas con la liquidación de títulos de deuda pública en la jornada previa al anuncio.
El responsable del área previsional del gobierno, Amado Boudou, advirtió a los fondos de que no vendan bonos ni corran a comprar dólares, y que mantengan la liquidez para llevar tranquilidad al mercado, sacudido por la iniciativa oficial de nacionalización y las derivaciones de la crisis financiera global.
Los fondos tienen un 55,32% de su cartera en operaciones de créditos públicos, un 8,12% en plazos fijos, y un 10% en acciones de sociedades anónimas, entre otras inversiones, según datos oficiales de mediados de octubre.
Cuentan con 9,5 millones de trabajadores anotados, pero sólo 3,6 millones son aportantes efectivos, ya que los restantes no cumplen con las contribuciones por evasión de las empresas o de los autónomos.
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