Por comunidades autónomas, Cataluña encabeza el ranking de alquileres sumergidos con casi 300.000 viviendas sin registrar. El fraude ha descendido un 6% en los tres últimos años pero los técnicos denuncian que siguen suponiendo un flujo de 2.100 millones anuales.
Ante este panorama, Gestha aboga por que la Ley de Arrendamientos Urbanos recoja una delimitación legal de los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para el arrendador y el arrendatario.
Más de 1.028.000 alquileres en España son arrendamientos sumergidos que escapan anualmente del control del Fisco, lo que supone que seis de cada diez arrendamientos localizados actualmente en España presentan alguna irregularidad.
La cifra de viviendas no declaradas apenas se ha reducido en seis puntos porcentuales en los últimos tres años en nuestro país, al pasar de representar el 65,9% del parque total de inmuebles en alquiler en 2004 a un 60% en 2006.
El informe (elaborado a partir del cruce de los datos relativos al periodo 2004-2006 del Ministerio de Vivienda y la declaración del IRPF) apunta que las rentas derivadas del arrendamiento de vivienda aumentaron un 1,6% en el trienio analizado, hasta alcanzar los 2.100 millones de euros anuales.
Gestha destaca que, si bien las medidas adoptadas por el Ejecutivo contribuyeron a dinamizar "incipientemente" el mercado del alquiler, con un incremento de 118.045 declarantes en estos tres años, el 14,8% de la viviendas aún están vacías.
El estudio muestra que el rendimiento medio del alquiler declarado creció por encima del número de declarantes, situándose en una media de 3.924 euros anuales, lo que supone un incremento del 4,7% en el periodo 2004-2006 (apenas unos 90 euros en todo el trienio) que es casi la mitad del aumento real de precios en el mercado nacional.
Según datos del Ministerio de Vivienda, el precio medio de la vivienda en alquiler se incrementó en un 8,8% en este trienio.
Paralelamente, el estudio de Gestha constata que los contribuyentes aumentaron sus ingresos declarados por alquiler en este periodo en todas las comunidades autónomas a excepción de Canarias.
Los propietarios que incrementaron sus beneficios brutos en mayor medida fueron los declarantes de Baleares y Cataluña, con una media de unos 420 euros más (9%), seguidos de Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Aragón.
Por el contrario, los contribuyentes que aumentaron en menor medida sus rendimientos brutos entre 2004 y 2006, con apenas 80 euros (3,5%), fueron los extremeños. Los contribuyentes canarios incluso redujeron sus rendimientos brutos en 27,5 euros en el trienio analizado.
No obstante, a pesar de haber aflorado la cifra de arrendamientos sumergidos, el informe de los Técnicos de Hacienda revela que las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda aumentaron un 1,6% en el trienio analizado, hasta situarse en 2.100 millones de euros anuales, poniendo en tela de juicio la eficacia de las medidas de prevención del fraude fiscal puestas en marcha por el Ejecutivo con el fin de aflorar la economía sumergida.
Por regiones, la Comunidad Catalana sigue liderando las rentas netas no declaradas por arrendamiento de vivienda con más de 714 millones de euros anuales, seguida de la Comunidad de Madrid, con 478,7 millones de euros. Ambas regiones protagonizaron también los mayores incrementos de fraude por alquileres sumergidos con un aumento del 10,5% y 8,6%, respectivamente, entre 2004 y 2006.
La tercera región que concentra mayores rentas sumergidas es Andalucía, con 328,2 millones de euros aunque el nivel de fraude apenas experimentó variaciones en estos tres años.
En Canarias el fraude estimado en alquileres de vivienda se situó en 139,5 millones en 2006, disminuyendo ligeramente con respecto a 2004, al igual que en la Comunidad Valenciana y en el Archipiélago Balear donde se contabilizaron 112 y 85,4 millones de euros anuales, respectivamente.
Por comunidades autónomas, el informe de Gestha señala que las regiones que concentran mayor volumen de alquileres sumergidos en relación con su parque de viviendas en alquiler son, por este orden, Andalucía (73,6%), Extremadura (71,8%), Canarias (66,5%), Murcia (64,9%) y Cataluña (64,8%) que si bien redujeron el fraude por debajo de la media en estos tres años siguen liderando el ranking de arrendamientos sumergidos.
Por el contrario, las regiones que presentan menor número de alquileres no declarados son La Rioja y Aragón donde apenas un 23% de los arrendamientos escapan del control del Fisco. En estos tres años estas regiones consiguieron rebajar la economía sumergida en este capítulo muy por encima de la media hasta el punto de defraudar un 66% por ciento menos que el resto de comunidades analizadas.
Según Gestha, las comunidades autónomas que han conseguido aflorar mayor número de alquileres sumergidos en estos tres años coinciden, lógicamente, con aquéllas que cuentan con un mayor parque de viviendas en alquiler como es el caso de Madrid, Cataluña y Andalucía. Más llamativo es el caso de las regiones de La Rioja, Castilla-La Mancha, Cantabria y Aragón que, con un censo de viviendas en alquiler más reducido, consiguieron "levantar" mayor proporción de arrendamientos sumergidos.
Ante esta situación, el informe de los Técnicos de Hacienda considera "prioritario" que los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo se centren fundamentalmente en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales.
Gestha aboga por que la Ley de Arrendamientos Urbanos recoja una delimitación legal de los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para el arrendador y el arrendatario.
Asimismo, el colectivo plantea modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de manera que se reduzcan a quince días los cuatro meses de antelación que en la actualidad se necesitan para presentar una demanda de desahucio por impago de rentas, y un incremento del número de juzgados para agilizar estos procesos.
Gestha estima que con esta habilitación y un plan eficaz de lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria (AEAT) podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude en España, y hacerlo converger con la Unión Europea-15, hasta el 13% del PIB, lo que significaría aflorar cerca de 90.000 millones de euros y recaudar (vía impuestos) unos 25.000 millones de euros adicionales que permitirían incrementar el presupuesto relacionado con gasto social.
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