"Existe un problema de confianza respecto a las cortes españolas de arbitraje y una falta de unificación de doctrina de los jueces de instrucción que controlan el cumplimiento de los laudos, así como un conflicto de competencia entre la jurisdicción mercantil y civil", según afirmó Cremades en rueda de prensa.
Según los datos de las Cámaras de Comercio españolas, desde la aprobación de la Ley de Arbitraje en 2003 hasta 2007, los datos más relevantes son las 995 mediaciones alcanzadas en 2005 frente a los 615 arbitrajes de ese mismo año.
Durante estos cinco años, la media de arbitrajes anuales celebrados en las cámaras españolas fue de 490 frente a las 711 mediaciones por año. Durante 2006 y 2007 el número de arbitrajes celebrados fue de 406 y 421, respectivamente, y de mediaciones, 758 en 2006 y 727 en 2007.
Cremades solicitó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la introducción del llamado recurso de Interés de la Ley con la finalidad de unificar la doctrina. De este modo, el Tribunal Supremo podría estudiar mediante recurso las revisiones de los laudos arbitrales y unificar la jurisprudencia sin modificar el contenido de la decisión arbitral.
Actualmente, los juzgados de instrucción y las audiencias provinciales son los que controlan el cumplimiento de los laudos arbitrales sin posibilidad de recurrir recurso, lo que provoca que no exista un criterio unificado.
La situación del arbitraje en España provoca que "cuando los inversores extranjeros quieran meter la cláusula de arbitraje los abogados les adviertan de la situación", explicó Cremades, y recurran a las cortes de arbitraje internacionales.
Según los datos aportados por la revista Global Arbition Review, durante 2007 las clásicas Cámara de Comercio de Arbitraje de París y la de Suiza se ocuparon de 49 conflictos con empresas española de un total de 137, frente a los 58 dirimidos en la Corte Española de Arbitraje.
"El gran argumento de que la Ley de 2003 traería los arbitrajes a España ha resultado no ser cierto", explicó Cremades, por lo que solicitó "intensificar" el trabajo de convertir a Madrid como Capital Mundial del arbitraje.
España participó como una de las partes del conflicto en el 2,92% de los arbitrajes internacionales celebrados en 2007. En estos conflictos, hubo 20 españoles en la parte demandante y 27 fueron demandados.
Durante 2007, sólo 10 partes implicadas en un arbitraje internacional eligieron España como sede de resolución del conflicto, mientras que la Cámara de Comercio Internacional no eligió en ninguno de los casos a España como sede, lo que significa que "no se fía de la seguridad de las cortes jurídicas españolas", concluyó Cremades.
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