El Gobierno español aprueba un contrato para garantizar la financiación de operaciones fuera de la Unión Europea

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se autoriza la formalización de un contrato de fianza con el Banco Europeo de Inversiones para garantizar los créditos que, con cargo a sus recursos propios, conceda a los Estados de África, Caribe y Pacífico (ACP) y a los países de fuera de la Unión Europea (UE).

Así lo anunció hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien explicó que la nueva medida se enmarca dentro de la política de cooperación de la UE, primer donante del mundo.

La UE canaliza parte de los fondos destinados a cooperación a través del Banco Europeo de Inversiones, materializándolos a través de préstamos concesionales para proyectos de inversión, tanto privados como públicos.

España aprueba esta medida que fue incluida en 2000 en el Convenio de Cotonou II por los Estados que participan en el Banco Europeo de Inversiones para su actuación como garante en las operaciones relativas a la financiación de ayudas en el marco financiero plurianual 2008-2013 para los Estados de Africa, del Caribe y del Pacífico.

El convenio incluye también la asignación de la ayuda financiera para los países y territorios de Ultramar, que se contempla en el Tratado de la Comunidad Europea.

En virtud de este acuerdo, los Estados miembros de la Unión Europea se comprometen a garantizar el 100% de cada préstamo con cargo a recursos propios que el Banco Europeo de Inversiones conceda a cualquiera de los 79 países ACP, con un límite del 75% de la cantidad global desembolsada.

Esta garantía permitirá al Banco conceder hasta 2.000 millones de euros de préstamos para inversiones productivas durante el sexenio 2008-2013. Los principales sectores de inversión serán las infraestructuras básicas como acometida y tratamiento de aguas, generación y transporte de energía, infraestructura de transportes, entre otros.

Cada Estado miembro garantizará los préstamos en proporción a su participación en el capital social del Banco Europeo de Inversiones, lo que en el caso de España es, aproximadamente, de un 10%.