La sentencia falla que es nulo "por ser contrario a Derecho" el acuerdo del Consejo de Ministros del 1 de septiembre de 2006 que formuló un mandato a Aena para facilitar el ejercicio de las reclamaciones de los pasajeros afectados por la suspensión de actividades en el aeropuerto de Barcelona el día 28 de julio de aquel año.
El mandato preveía que Aena adquiriese "todos los derechos y acciones" que cedieran voluntariamente pasajeros afectados ese día por la cancelación de vuelos y destrucción o pérdida de equipajes, a cambio de una indemnización.
Así, Aena pagó a esos pasajeros un importe de 250 euros por cancelación de vuelos, y de 180 euros por pérdida o destrucción del equipaje facturado, siempre que hubieran formulado la pertinente reclamación.
El mandato era aplicable a los pasajeros con vuelos comerciales con salida o llegada al Aeropuerto de Barcelona entre las 6.30 horas del día 28 de julio de 2006 y las 24 horas del día 29 de julio de 2006.
Tanto Iberia como Aena tienen ahora la sentencia en estudio por parte de sus servicios jurídicos y declinaron hacer declaraciones por el momento. Tampoco se pronunciaron sobre las consecuencias que puede tener en las indemnizaciones pagadas el fallo hecho público hoy por el Tribunal Supremo.
Aena recibió un total de 17.110 solicitudes de indemnización de pasajeros afectados por el caos del aeropuerto de El Prat --que se acogían a las indemnizaciones acordadas por el Consejo de Ministros-- y 28.363 quejas de personas que optaron por reclamar a título individual por lo ocurrido.
Los pasajeros que prefirieron no acogerse al acuerdo del Consejo de Ministros y reclamar por su cuenta lo hicieron en su mayoría a través del teléfono (10.811 personas) y del correo electrónico (10.664). Otras 6.888 porsonas presentaron sus quejas en los puntos de información de Aena.
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