Sergio Chodos, titular de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP) --organismo que controla a las aseguradoras privadas--, dijo que el congelamiento de fondos "afecta una pequeña parte" de los recursos previsionales y que la decisión "no es definitiva".
"El destino de esos activos son exclusiva y excluyentemente para prestaciones previsionales y no deben ser utilizados para otros fines ni acá ni en ningún otro lugar", dijo Chodos a periodistas tras conocer la decisión del juez Thomas Griesa de Nueva York.
"Es un intento de los fondos buitres para tomar posesión de esos activos más allá de que les corresponda o no", agregó.
Griesa firmó una orden que impide que las aseguradoras privadas transfieran fuera de Estados Unidos las inversiones que poseen en ese país.
El juez hizo lugar a un pedido de los acreedores, que sostienen que con la estatización del sistema de pensiones que impulsa la presidenta Cristina Fernández esos fondos pasarán a manos del Estado y, por tanto, podrían ser embargados para el pago de su deuda en mora desde 2001.
El congelamiento no impide que las aseguradoras continúen realizando operaciones financieras con los fondos, siempre y cuando no los saquen de Estados Unidos.
Chodos explicó que la medida dispuesta por el juez de Nueva York "no es posición definitiva ni mucho menos, sino que por las dudas toma la medida y después analiza con tiempo el caso".
"Hay un pedido de los acreedores de la Argentina y lo que hace (el magistrado) es tomar lo que le piden sin tener análisis. Después analiza la causa y la racionalidad a ver si corresponde. Así que no es definitivo", agregó.
La estatización del sistema de pensiones debe ser aprobada por el Congreso.
Tras declarar en 2001 el mayor cese de pagos de la historia, Argentina reestructuró en 2005 su deuda privada de 102.000 millones de dólares y al año siguiente canceló su pasivo de 9.500 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
Actualmente analiza una oferta de tres bancos extranjeros para regularizar la situación de los acreedores privados que no participaron del canje de bonos de 2005 y que reclaman judicialmente la devolución de sus ahorros.
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