La Protección de los Consumidores, de su salud y de sus legítimos intereses económicos, es una exigencia recogida en nuestra Constitución (Art. 51) y debe ser requisito inexcusable a la hora de regular cualquiera de los ámbitos que le puedan afectar.
Las Comunidades Autónomas tienen asignadas las competencias en materia de protección al consumidor, salvo en aquellas cuestiones que tiene arrogadas el Estado, entre las que se encuentran las cuestiones propias del ámbito económico-financiero.
Martínez de Sola destacó que "de manera grave y preocupante, este proyecto normativo se limita a crear una ficticia situación de seguridad jurídica que no responde a la realidad; se separa un sector de especial importancia de su ámbito lógico de control, el mismo que existe para las entidades bancarias y financieras, para trasferirlo a otra Administración Pública, sin que la regulación aporte nada de especial relevancia que no existiera ya contemplado en la normativa general de protección al consumidor".
El hecho de hacer diferencias entre las obligaciones que deben cumplir las empresas con actividades parecidas (unas están reguladas por el Banco de España o el Ministerio de Economía y Hacienda y otras lo estarían por Consumo), lleva a la conclusión de que los consumidores de este tipo de productos estarán protegidos de forma diferente dependiendo de la entidad con la que contraten.
A la vista de la sentencia, se puede deducir que los establecimientos que pretende regular el Proyecto de Ley están, actualmente, bajo la responsabilidad en cuanto a su inspección y control, del Banco de España y, en definitiva, del Ministerio de Economía y Hacienda.
Por tanto, cabe preguntarse si la intención del Gobierno Central con el Proyecto de Ley a debate no es otra que intentar evadir responsabilidades.
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