En ese documento, los 27 países de la Unión Europea (UE) subrayan "la necesidad de reforzar la supervisión del sector financiero europeo, especialmente de los grupos transnacionales, con vistas a desarrollar un sistema coordinado de supervisión a nivel europeo".
En lo inmediato, los líderes europeos piden a los supervisores nacionales de los diferentes países "reunirse por lo menos una vez por mes para proceder a intercambios de información".
En el marco del reforzamiento de sus medidas contra la crisis, los europeos tienen previsto aprobar además la creación de una "célula de crisis financiera" que los gobiernos podrán consultar en todo momento en caso de dificultad, según el mismo proyecto de declaración.
Por otro lado, los líderes de la Unión Europea (UE) adoptaron este jueves en su cumbre de Bruselas el 'Pacto europeo de Inmigración y Asilo', anunció el jefe de Estado francés Nicolas Sarkozy, presidente en ejercicio del bloque e impulsor de esta controvertida iniciativa de migración selectiva.
"El Pacto ha sido adoptado de forma unánime", dijo Sarkozy en una conferencia de prensa al final de la cumbre de los 27 jefes de Estado y de gobierno europeos.
"El Consejo Europeo adoptó el Pacto europeo de Inmigración y Asilo, que refleja el compromiso de la Unión Europea y sus Estados miembros de llevar a cabo una política justa, eficaz y coherente frente a los desafíos y las oportunidades que representan las migraciones", indican las conclusiones adoptadas por los líderes de la UE este jueves.
"El Pacto constituye ahora para la Unión y sus Estados miembros la base de una política común (...), guiada por un espíritu de solidaridad entre Estados miembros y cooperación con los países terceros", agrega el texto.
El Pacto incluye una serie de "principios fundamentales" a respetar por los 27 Estados miembro, para evitar "afectar los intereses de los demás" y cooperar en la lucha contra la inmigración clandestina.
Según el Pacto, los países de la UE siguen siendo libres para organizar la inmigración legal "en función de sus prioridades, sus necesidades y sus capacidades de recepción nacionales". Por otra parte, los europeos también seguirán siendo libres para elegir los medios de luchar contra los clandestinos, unos 8 millones en el conjunto de la UE.
En ese marco, cada país puede elegir regularizarlos o expulsarlos, aunque para ello deberán utilizar un procedimiento "caso por caso" y no en forma generalizada.
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