El Ministerio de Economía asegura que la supresión de cargas administrativas que posibilitará la trasposición permitirá sumar tres décimas al crecimiento del PIB. El titular de Economía, Pedro Solbes, asegura que el "ambicioso reto" es conseguir "una administración más eficiente y menos burocrática que ayude a generar más empleo en el sector servicios en toda Europa".
El Gobierno considera que la trasposición en España de la directiva de servicios europea supone ofrecer más derechos y oportunidades a los ciudadanos españoles en una Europa "fuerte y consolidada". Según la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega la normativa ayudará a mejorar el crecimiento y la competitividad de la economía española teniendo en cuenta el peso del sector servicios en el PIB español(actualmente del 66,7%).
El ministro de Economía, Pedro Solbes dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la trasposición de esta directiva servirá para preparar a la economía europea y ayudarla a retomar la senda de crecimientos "con rapidez y de forma robusta". El ministro de Economía explicó que, en el caso español es mucho más que una mera trasposición ya que en España supone revisar 80 leyes estatales y más de 370 reales decretos.
Solbes asegura que el objetivo de la legislación es crear un entorno regulador más favorable y transparente para desarrollar actividades de servicios a nivel comunitario "reduciendo las trabas y los obstáculos que restrinjan injustificadamente la puesta en marcha de actividades de servicios"
El ministro de Economía explicó que la simplificación de trámites garantizará la rapidez de todos los procedimientos administrativos necesarios "reforzando los derechos y protección de los consumidores, modernizando la economía y facilitando la vida de los ciudadanos, con todos los beneficios para el empleo y la productividad que esto supone".
Según explicó esta mañana el secretario de Estado de Economía, David Vegara, esta normativa aumentará la competitividad de la economía nacional y entre cosas, permitirá sumar tres décimas al crecimiento del PIB, solo por el efecto dinamizador que supone la reducción de cargas administrativas.
La directiva, que previsiblemente entrará en vigor a lo largo de 2009, se verá completada por una 'Ley Omnibus', que contemplará la modificación de hasta 7.000 normas actualmente vigentes (80 leyes estatales, 370 con rango inferior y otras normas autonómicas y municipales) para su adecuación al nuevo marco.
Según precisó Vegara, la nueva normativa viene a corregir un marco regulatorio "ineficiente, restrictivo y poco transparente" que explica, por ejemplo, hasta seis décimas del actual diferencial de inflación, de un punto, respecto a la UE-15 y con él de gran parte del deterioro del comercio exterior.
La principal novedad que aportará es el principio de libre acceso y ejercicio y la prohibición, por regla general, de las restricciones previas a la constitución y desarrollo de cualquier actividad, de modo que éstas se establecerán sólo cuando sean justificadas, proporcionadas y no discriminatorias, a modo de regulación a posteriori. Según este "nuevo enfoque" del marco regulatorio, sólo se establecerán restricciones previas, a modo de excepción, cuando las actividad a regular así lo requieran.
Además, por regla general, se sustituirán las autorizaciones por notificaciones, reduciendo así las trabas y obstáculos al acceso y ejercicio de una actividad. Asimismo, la nueva normativa prevé la simplificación de los trámites administrativos (en beneficio especialmente de las pymes) impulsando la ventanilla única, así como garantías de información a los ciudadanos.
Por otro lado, la normativa garantizará la calidad de la prestación a través del refuerzo de los servicios de inspección y control. En esta línea, se prevé reducir a un mes el plazo máximo para dar respuesta a las reclamaciones presentadas por parte de los consumidores.
La normativa afecta a prácticamente todos los sectores (desde establecimientos comerciales hasta entidades culturales pasando por servicios de reparación), y deja fuera a otros muy específicos que ya cuentan con sus propias directivas a nivel europeo (financiero, transporte, telecomunicaciones, audiovisuales) o a actividades como sanidad, servicios sociales o empresas de trabajo temporal.
Tras dejar claro que la directiva no supone ninguna reorganización competencial entre las administraciones, el secretario de Estado de Economía destacó la importancia de la colaboración de los distintos niveles de la administración. A nivel europeo, las autoridades competentes españolas también estarán obligadas a cooperar con los de los demás Estados miembros y con la Comisión Europea.
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