Según indicó el socio director de la división de gestión de riesgos y auditoría interna de Ernst&Young, José Luis Solís, durante su intervención en el XVII Congreso de Auditores que se está celebrando estos días en Valencia, los órganos de gobierno "no se están tomando en serio" la prevención del blanqueo de capitales. "Hay que conseguir que lo hagan", indicó.
A su juicio, España está "en el buen camino", aunque es necesario que los órganos de gobierno de las entidades den más prioridad a la adopción de medidas de control de prevención del blanqueo de capitales, las doten de personal con la formación necesaria y adopten medidas técnicas para evitar "malas prácticas", ya que la cantidad de dinero que se blanquea en el mundo es realmente elevada. "Es el equivalente al presupuesto americano", advirtió.
Para Solís, se trata de "sentido común", de entender los negocios que se tienen y los clientes con los que se trabaja para determinar los riesgos y tomar las medidas adecuadas que permitan minimizar o reducir la exposición al riesgo.
"Nuestros órganos rectores no se lo creen", indicó Solís, tras resaltar, una vez más, la necesidad de adoptar medidas para colaborar en la eliminación de "la lacra" que supone el blanqueo de capitales, y elaborar para los auditores un sistema propio "tan exigente" como el que se requiere a los clientes, ya que la reputación, el asesoramiento y la confianza son las marcas de la auditoría.
Por otra parte, en la sesión técnica sobre 'La independencia del auditor: ¿hacia dónde vamos?', el miembro del consejo directivo del ICJCE y socio de KPMG, César Ferrer, afirmó que la independencia es un valor antes que una obligación y se mostró partidario, en línea con la Unión Europea e IFAC, de un cambio de enfoque de la cultura de la independencia en España basada en reglas y prohibiciones hacia otra basada en principios y valores.
Durante su intervención, Ferrer se refirió a dos elementos clave relativos a la independencia de los profesionales de la auditoría de cuentas: el Código de Ética de la IFAC y la transposición de la Octava Directiva a la legislación española. "Es una oportunidad que no podemos perder para ponernos al mismo nivel de los países europeos que tienen normas de calidad basadas en principios y valores", indicó.
Por su parte, el socio de PricewaterhouseCoopers y miembro del Consejo Directivo del ICJCE, Carlos Quintós, se refirió a la sentencia del Tribunal Supremo que exime a las auditoras del delito del cliente, y aseguró que se trata de una sentencia muy importante para toda la profesión, puesto que servirá de base para la jurisprudencia del Supremo, que debe ser respetada por todos los tribunales de justicia.
En este sentido, destacó que se trata de la primera sentencia del Supremo sobre responsabilidad extracontractual de auditores por negligencia, y resaltó que ha sido dictada por todos los magistrados y que revoca y deja sin efecto la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2000, que había servido de base a toda una serie de reclamaciones contra los auditores.
Asimismo, desde PricewaterhouseCoopers recordaron que la responsabilidad del auditor no es objetiva, sino que se rige por el sistema general de responsabilidad y, en casos de reclamaciones de terceros, por las reglas de responsabilidad extracontractual, que requieren la existencia de una actuación culpable o negligente del auditor, la existencia de un daño veraz y cuantificable o una relación de causalidad directa entre la actuación culpable y negligente y el daño causado.
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