jueves, 2 de octubre de 2008

Los países no comunitarios no invierten en Europa por el proteccionismo de la legislación

MADRID.- El creciente proteccionismo imperante en la legislación europea, que se oculta detrás de medidas que salvaguardan la seguridad nacional o de sectores estratégicos, provoca la reticencia de los países no comunitarios a invertir en Europa por la incertidumbre legal, según las conclusiones del estudio "Fortress Europe -The risk of rising protectionism in Europe" encargado por la organización internacional de despachos de abogados CMS.

Según este informe, hecho público hoy por CMS Albiñana & Suárez de Lezo, miembro español de CMS, el proteccionismo en Europa esta creciendo tanto en el discurso como en la acción, lo que afecta tanto a la inversión como al comercio, y las previsiones indican que la tendencia seguirá aumentando.

Sin embargo, existe cierto optimismo en que el alcance del proteccionismo remontará gracias al carácter internacional del comercio y los movimientos de capitales junto al impacto de las nuevas tecnologías.

El proteccionismo inversor en Europa, otro de los aspectos principales que subraya el informe, deriva de un campo "minado" en materia de legislación que los inversores, sobre todo no comunitarios, deben tener en cuenta cuando intentan adquirir alguna participación en empresas europeas.

El informe analiza la legislación de 17 países europeos, y en todos los casos, con la excepción de Reino Unido y de los Países Bajos, existen reglas discriminatorias en contra de los inversores extranjeros, aunque en la mayoría de ellos los inversores de países comunitarios son tratados como inversores nacionales.

El documento agrupa en cinco categorías distintas las prácticas proteccionistas europeas que practican los distintos países: el proteccionismo preventivo, el de seguridad, la legislación preventiva para adquisiciones en industrias estratégicas, la preventiva de adquisiciones en industrias para proteger el interés público y los que no tienen ninguna discriminación legal.

El informe indica además que el entorno regulatorio de las fusiones y adquisiciones europeas se volverá más complicado y restrictivo para los países no comunitarios durante los próximos años y, posiblemente, durante mucho tiempo.

Este hecho ocasionará una inevitable incertidumbre legal sobre cuándo será prohibida una transacción en pro de la seguridad nacional, cuya consecuencia, cuanto menos, producirá retrasos para el cierre de transacciones e incrementará la necesidad de servicios de asesoría.

De esta manera, los expertos recomiendan a las empresas y a los grupos de presión -lobbies- a que vigilen de cerca el clima político, ya que, consideran, es más fácil derrotar una propuesta legislativa que derogarla una vez se haya convertido en ley.

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