El secretario Anticorrupción, Alfredo Vera, explicó que "en todos (los contratos) hay una misma mecánica, un mismo patrón, de contratar por un valor que aparentemente no es muy alto y al poco tiempo presionar para que se expidan ... unos adéndums (anexos) ... o modificar las condiciones del contrato lo cual era una ilegalidad".
"Hemos presentado las denuncias para que se investigue y estoy solicitando que, por tratarse de dineros del estado, en caso de que se produjera la comprobación de alguna desviación de fondos o incrementos sin justificación de los valores de los contratos eso caería en el campo de la presunción de que hay colusión" o "pacto ilícito en daño de tercero", explicó.
El presidente Rafael Correa ratificó el sábado la orden emitida el 24 de septiembre de terminar los contratos con Odebrecht y requisar todos sus bienes luego de acusarla de ser la responsable de fallas en la planta San Francisco construida por esa compañía y que se paralizó al año de ser inaugurada.
Días después de la decisión de Correa, Odebrecht aceptó la exigencia del gobierno ecuatoriano de terminar la disputa y acordó pagar por reparaciones, extender algunas de sus garantías y asignar 43 millones de dólares para eventuales multas y compensaciones si es declarada responsable de los problemas que originaron el cierre de esa planta, pero el gobierno ratificó su decisión.
Las autoridades ecuatorianas anunciaron además que asumían los otros cuatro grandes proyectos que la empresa brasileña tenía a su cargo: Toachi-Pilatón, Carrizal-Chone, proyecto Baba, estos tres de generación hidroeléctrica, y el aeropuerto de la ciudad de Tena, que en total suman alrededor de 500 millones de dólares.
Vera detalló que presentó denuncias ante las fiscalías responsables de la jurisdicción de tres proyectos: el Carrizal-Chone, el Baba y el de San Francisco.
Odebrecht no realizó ningún pronunciamiento de inmediato.
El caso motivó tensiones diplomáticas entre Ecuador y Brasil. Brasilia se quejó ante Quito del trato que recibió Odebrecht y otra empresa de ese país, Petrobras, blancos de críticas del presidente Correa y Ecuador deploró que un asunto entre un país y una empresa privada se convierta en tema de estado.
El mandatario ecuatoriano había emitido un decreto el jueves revocando las visas de nueve empresarios brasileños de Odebrecht y de la fiscalizadora del proyecto San Francisco, Furnas-Centrais Eléctricas S.A.
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