Las organizaciones de productores anunciaron la paralización de las ventas de granos y ganado desde el viernes y hasta el próximo miércoles, en rechazo a la política agropecuaria del Gobierno, que acusó a su vez a los líderes agropecuarios de hacer un uso político del reclamo.
El movimiento agrario, agrupado en la Comisión de Enlace, un comité de huelga que une a las cuatro organizaciones rurales más grandes del país, no esconde sus intenciones de participar en las elecciones legislativas de 2009, tras emerger con una triunfante huelga de 128 días entre marzo y julio pasado.
Aquella protesta que puso en jaque a la presidenta del país, la peronista socialdemócrata Cristina Kirchner, cosechó el respaldo de los sectores de clase media urbana, y culminó con el rechazo del Congreso a un proyecto oficial de aumentar impuestos a las exportaciones de soja, entre otros granos y cereales.
Pero la nueva protesta, que incluirá actos masivos de agricultores y cerrará con una movilización, tendrá lugar en un escenario mundial trastornado por la crisis financiera, que está provocando una fuerte caída de los precios internacionales de productos agrícolas.
El precio de la soja, principal producto de exportación de Argentina que genera ingresos anuales por casi 24.000 millones de dólares, bajó en los últimos meses de casi 600 a 384 dólares la tonelada en el mercado de Chicago, lo que precipitó la caída de la renta del sector agropecuario.
Los agricultores coinciden con institutos privados en que la cosecha global de casi 100 millones de toneladas de la campaña 2007-2008 bajará a 97 millones para la campaña 2008-2009, por una fuerte sequía y por lo que consideran un tipo de cambio desfavorable, actualmente situado en 3,15 pesos por dólar.
"El Gobierno no puede desconocer el agravamiento de la situación de los productores por el alza de costos, ligada a los precios del petróleo y la caída de precios internacionales por la crisis financiera mundial", dijo uno de los líderes agrarios, Hugo Biolcatti, al anunciar la medida de fuerza.
En ese escenario, los líderes ruralistas exigen al Gobierno la eliminación de los impuestos a las exportaciones alimentarias, que en marzo fueron el detonante de la huelga, que rechazó un proyecto oficial para instalar un sistema de alícuotas flotantes, sometidas al nivel de precios mundiales.
Pero funcionarios gubernamentales instaron a los huelguistas a volver a la mesa de diálogo, que sostenían desde hace dos meses, aunque los productores aducen que no tenían resultados concretos.
"Parecería que hay condiciones políticas que nos impiden continuar con ese diálogo", disparó el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi.
Argentina es uno de los principales proveedores mundiales de alimentos, con exportaciones que rondan los 35.000 millones de dólares anuales, cuyos principales destinos son Mercosur, Unión Europea y Asia.
El país sudamericano es el primer exportador mundial de harinas y aceites de soja, el cuarto de trigo, el segundo de maíz -detrás de EEUU- y el tercero de granos de soja, según la secretaría de Agricultura estadounidense.
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