El comisario responsable de Fiscalidad, László Kovács, admitió que en estos momentos es fácil escapar a las exigencias de la directiva y por ello resulta imprescindible reformarla. "El campo de aplicación de la norma debe extenderse para lograr nuestro objetivo de acabar con la evasión fiscal, que afecta a los presupuestos nacionales y supone una desventaja para los ciudadanos honrados", subrayó.
Los Veintisiete habían solicitado a Bruselas la pasada primavera el endurecimiento de esta legislación como respuesta al escándalo desencadenado por el descubrimiento de importantes cantidades de dinero negro en Liechtenstein.
La directiva sobre la fiscalidad del ahorro, en vigor desde julio de 2005, se aplica a todos los Estados miembros, a 5 países europeos que no forman parte de la UE (Suiza, Liechtenstein, San Marino, Mónaco y Andorra) y a 10 territorios dependientes que son antiguas colonias de Reino Unido y Países Bajos.
Obliga a los bancos de estas 42 jurisdicciones a enviar información sobre los intereses que se pagan a las cuentas bancarias de no residentes a las autoridades fiscales del país de procedencia.
No obstante, contempla una alternativa para los países que quieran preservar el secreto bancario que consiste en aplicar una retención en origen de hasta el 35% y enviar una parte al país de procedencia de los ahorradores. Luxemburgo, Austria, Bélgica y el resto de países de fuera de la UE que participan en el acuerdo se acogen a esta segunda posibilidad.
El primer examen sobre el funcionamiento de esta directiva demostró que es "relativamente fácil" para las personas físicas escapar a la norma recurriendo a entidades o construcciones jurídicas (como algunas fundaciones o trusts) cuyos ingresos no están gravados.
Por ello, la Comisión propone ahora que las disposiciones de la directiva (intercambio de información o retención) se apliquen también cuando se pagan intereses a este tipo de estructuras interpuestas como si se tratara de personas físicas.
Otro mecanismo que se ha utilizado hasta ahora para escapar a la directiva de la fiscalidad del ahorro es recurrir a instrumentos financieros innovadores en lugar de a una cuenta de ahorro clásica en un banco.
Para resolver este problema, el Ejecutivo comunitario pide que la norma se aplique también a los títulos equivalentes a deuda (cuyo capital está protegido y el rendimiento predefinido) y a los contratos de seguro de vida cuya rentabilidad está estrictamente ligada a los ingresos procedentes de deuda o a ingresos equivalentes y que prevén una cobertura de los riesgos biométricos inferior al 5%.
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