El ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, dijo que el Gobierno declaró la emergencia social por un término de 30 días, debido a que la crisis "tiene inmensas repercusiones sociales" y porque "indudablemente son cientos de miles de colombianos" los afectados por el cierre de esas empresas financieras ilegales.
Mediante el estado de emergencia, una figura contemplada en la Constitución, "el Gobierno puede decretar medidas ágiles y mecanismos especiales de intervención administrativa que, de lo contrario, podrían llevar meses", explicó.
Según las autoridades, en Colombia operan dos centenares de 'pirámides', un esquema fraudulento que ofrece rentabilidades de hasta 300% en pocos meses, usando el dinero invertido por nuevos clientes hasta que quiebran.
En una de las primeras medidas del Ejecutivo, la policía intervino 60 oficinas en 20 departamentos (provincias) del país, en donde operaba la firma DMG, una de las más importantes captadoras.
El Gobierno sospecha que DMG, que dice tener unos 200.000 ahorristas y ofrece rentabilidades de hasta 150%, utiliza recursos del lavado de activos del narcotráfico.
Incluso Zuluaga señaló hace pocos días que pidió ayuda a la Oficina Antidrogas de Estados Unidos (DEA) para que verifique la procedencia del dinero de DMG.
En una primera reacción a la decisión del Gobierno, el presidente de DMG, David Murcia, aseguró telefónicamente a W Radio de Bogotá que el dinero de sus 'ahorradores' "no corre peligro".
"Acato la decisión pero no la comparto y tenemos derecho, como todos los colombianos, a que el presidente (del país, Álvaro Uribe) nos escuche y nos ayude a solucionar esta crisis", precisó Murcia, al parecer desde Panamá.
Murcia asegura que su empresa es una comercializadora en la que los clientes adquieren una tarjeta equivalente a lo invertido, con la cual pueden comprar bienes y servicios de un amplio catálogo, consiguiendo en pocos meses reembolsos parciales o totales de sus gastos.
Miles de 'ahorradores' de DMG se congregaron el lunes en varias ciudades del país para protestar por la intervención del gobierno, y aseguraron que continuarán manifestándose en apoyo a la empresa.
Zuluaga dijo que el Gobierno aún no tiene una estimación del número de personas que invirtieron su dinerosen las llamadas 'pirámides', varias de las cuales quebraron la semana pasada, originando disturbios en varias ciudades del suroeste del país.
Sin embargo, anotó que se espera que con la designación de varios agentes interventores en pocos días se pueda inventariar el número de personas y los recursos invertidos en las 'pirámides'.
Entre las decisiones adoptadas el lunes, el Ejecutivo emitió varios decretos, uno de los cuales dobla las penas de cárcel a aquellos que capten ilegalmente dinero del público.
Igualmente estableció un nuevo tipo de delito, el de la retención, que se aplicará a personas que hayan captado dinero y no lo reintegren de inmediato.
Según el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, si los captadores devuelven el dinero podrán obtener beneficios en materia penal.
El Gobierno también otorgó funciones de policía a los alcaldes para que procedan a cerrar las oficinas de empresas captadoras y a proteger los bienes y dinero recaudados, tomando posesión de ellos.
Finalmente, definió los mecanismos para efectuar los inventarios de activos de las captadoras ilegales y tramitar las solicitudes de devolución de dineros que presenten los damnificados.
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