De hecho, frente a lo ocurrido en años anteriores, esta línea de crédito cuenta aún con unos 1.000 millones de euros por asignar y sólo queda un mes y medio para cerrar el año.
Fuentes del ICO consultadas reconocieron que esto no ha sido lo habitual en otros años y concretaron que de los 7.000 millones destinados a esta línea de préstamos, todavía quedan disponibles 1.084 millones, el 15%.
Amor advirtió de que el nivel de exigencia de los bancos a la hora de conceder préstamos es tan elevado, que sólo el 10% del tejido empresarial cumple con los requisitos para acceder a estos créditos.
Esta situación está "asfixiando" a muchas pymes y autónomos, que se están quedando sin dinero para financiarse y sin circulante. Por esta razón, las organizaciones de autónomos ATA y UPTA han trasladado al ICO una propuesta que resolvería estos problemas y daría liquidez a estos colectivos.
En concreto, lo que plantean ambas organizaciones es ampliar las líneas ICO dirigidas a pymes y emprendedores y destinar una parte de las mismas, por ejemplo un 40%, a proporcionar circulante a pequeñas y medianas empresas y a trabajadores autónomos.
Para evitar que las entidades financieras 'frenen' estas inyecciones por posibles pérdidas, ATA y UPTA proponen que los préstamos del ICO sean avalados por el Estado en un 40%-50% y que el resto lo asuma la banca, y todo ello de manera temporal, durante un plazo de dos años.
"La única solución para que haya financiación para pymes y autónomos es quitarles a los bancos el miedo a prestar dinero y para ello el riesgo debe ser compartido", advirtió el presidente de ATA.
Amor lo explica de la siguiente forma. Si de 10.000 millones de euros se destinan, por ejemplo, 4.000 millones a inyectar circulante, el Estado, a través del ICO o de sociedades de garantía, podría avalar un 40% de esta cantidad, es decir, unos 1.600 millones de euros. Contando con que la morosidad pudiera llegar al 10%, las pérdidas equivaldrían a 160 millones de euros.
Las propuestas de los autónomos han sido bien acogidas por el ICO, que las ha trasladado a su vez al Gobierno para su estudio. El Ejecutivo ya ha dicho que va a adoptar medidas para ayudar a las pymes y a los autónomos, que constituyen cerca del 90% del tejido empresarial español.
Como denuncian desde ATA y UPTA y desde las patronales Cepyme y CEOE, los efectos de la crisis están haciendo estragos en los pequeños y medianos negocios, que en muchos casos se están viendo obligados a echar el cierre y a despedir a su plantilla, con la repercusión que ello está teniendo sobre las cifras de paro.
El Gobierno trabaja ahora en un paquete de medidas para salir en ayuda de estos colectivos, pero se resiste a dar detalles. El secretario de Estado de Economía, David Vegara, ha declarado hoy mismo que aún se está "estudiando" qué hacer para mejorar la situación de las pequeñas y medianas empresas y los microempresarios.
No obstante, las medidas podrían ir en la dirección que han demandado las organizaciones de autónomos. Al fin y al cabo, desde ATA defienden que el Gobierno ya ha hecho algo parecido avalando a los bancos y a los parados que decidan acogerse a la moratoria de dos años en el pago de sus hipotecas.
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