Estímulos fiscales contra la recesión / Luis de Guindos

Cada vez es más evidente que la economía global se desliza hacia la recesión. La estimación del tercer trimestre de crecimiento de la zona euro ya muestra una tasa negativa, y lo mismo ha señalado la OCDE para el conjunto de países industrializados. Incluso los datos de los países emergentes, especialmente de China, apuntan a una desaceleración muy evidente y profunda.

Pero tal vez la señal más clara de la recesión global la tengamos en la fuerte caída del comercio internacional, y en la proyección del Banco Mundial de que el año próximo se contraerá, algo que no sucedía desde hace 25 años.

En estas circunstancias, la atención se dirige lógicamente hacia los gobiernos y la política económica para hacer frente a la recesión y su secuela más dolorosa, que es el desempleo. Hasta el momento, la mayoría de los esfuerzos se habían centrado en la crisis de crédito y de los sistemas financieros en el mundo.

Tras salvar la situación límite que se dio hace unas semanas, los ciudadanos exigen acciones para intentar acortar y atemperar una crisis económica real que se presume muy dolorosa.

Frente a una recesión, los gobiernos cuentan con dos grandes instrumentos de acción macroeconómica. El primero es la política monetaria. La bajada de tipos de interés se está utilizando de modo generalizado, aunque ya empieza a haber limitaciones en algunos casos como los de Estados Unidos y Japón, ya que los bancos centrales tienen un escaso margen de maniobra.

Pero la cuestión fundamental es si las reducciones de tipos se están trasladando a los mercados de crédito privados. Y se comprueba que aunque efectivamente las bajadas de los tipos oficiales de intervención ya empiezan a tener un reflejo en los mercados interbancarios, el volumen de transacciones es, sin embargo, muy limitado.

Pero lo más preocupante es que los mercados de crédito a medio y largo plazo están en una situación de práctica sequía. Las escasas operaciones que se cierran por empresas de gran calidad se realizan a unos tipos de interés muy elevados, lo que denota que el mercado no se ha normalizado.

Por tanto, se podría decir que los planes de rescate han conseguido salvar una situación límite de riesgo sistémico hace unas semanas pero no han logrado que las bajadas de tipos se trasladen, ni en precio ni en cantidad, al mercado de crédito a medio y largo plazo.

Incluso las dudas sobre la implementación definitiva del plan de rescate norteamericano, que se va a centrar en la recapitalización de los bancos abandonando la compra de activos tóxicos, parece indicar un cierto nivel de improvisación que no ayuda nada a generar la indispensable confianza sobre su impacto en el sistema bancario.

En estas circunstancias, las inyecciones de dinero se ven compensadas por una caída de su velocidad de circulación, lo que dificulta que la política monetaria sea efectiva.

Crecen las dudas sobre la capacidad de estabilización de los impulsos monetarios y los ojos se vuelven hacia el otro gran instrumento macroeconómico de actuación, que es la política fiscal.

No es de extrañar que en los últimos días hayamos visto cómo una serie de países han anunciado programas de estímulo fiscal en un intento de hacer frente al plano inclinado de la recesión.Un plan de estímulo fiscal puede concretarse a través de un recorte de impuestos o un incremento de gasto o una combinación de ambos.

A su vez, el gasto público puede ser corriente o de inversión.Se considera que el efecto arrastre y sobre la productividad futura es muy superior cuando el gasto es de capital y se concreta en inversión pública.

De cualquier forma, la gran ventaja de un incremento de gasto, independientemente de su naturaleza, es que el efecto sobre la demanda agregada resulta inmediato, mientras que en el caso de un recorte de impuestos se actúa sobre la renta disponible del contribuyente por lo que para que se produzca el efecto expansivo es necesario que éste no ahorre tal incremento de renta.

No obstante, la rebaja de impuestos suele tener un efecto superior sobre la eficiencia económica al mejorar los incentivos que afectan a los agentes económicos.

De la reunión del G-20 del fin de semana pasado ha salido el mensaje de la necesidad de un plan coordinado de estímulo fiscal por parte de las principales economías del mundo. Dicho plan abarca tanto una reducción generalizada de impuestos como un incremento del gasto en infraestructuras. No obstante, no todos los países se encuentran en la misma posición fiscal ni, lógicamente, cuentan con el mismo margen de maniobra.

En principio, el impulso fiscal puede ser más intenso en aquéllos que parten de un mejor saldo presupuestario, un menor nivel de deuda pública y una posición externa más saneada, porque no podemos olvidar que uno de los principales problemas de la política fiscal expansiva es su financiación.

Actualmente, los tipos de interés a largo plazo son extraordinariamente bajos como consecuencia de la percepción de que la recesión es el factor dominante en el contexto económico internacional. Sin embargo, en los próximos meses vamos a ver cómo los diferentes gobiernos tienen que empezar a emitir deuda pública en cantidades sin precedentes.

Así, por ejemplo, los países europeos tendrán que colocar deuda el ejercicio próximo por un importe próximo a los 1,6 billones de euros.

A ello hay que añadir los vencimientos del sector privado europeo, que sólo en el año 2009 excederán los 800.000 millones de euros. Se trata de cantidades inéditas, cuya cuantía todavía no está plenamente descontada por los mercados de renta fija.

En estos momentos de pesimismo y de expectativas deprimidas, la política fiscal es capaz de jugar un papel fundamental, pero no podemos ignorar que los estímulos fiscales deben estar bien diseñados, que sus tiempos tienen que ser adecuados, y que, en última instancia, hay que financiarlos. El remedio no puede acabar siendo peor que la enfermedad.

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