En un comunicado, PVD criticó las medidas aprobadas el pasado sábado en el Consejo de Ministros y pidió al Gobierno que no utilice la crisis como excusa para no poner en marcha una política de vivienda "seria, estructural y para los ciudadanos", porque si hay 50.000 millones para ayudar al sistema financiero, es que hay recursos de sobra para solucionar el problema de la vivienda.
En concreto, tachó de "innecesaria" la compra de suelo a las promotoras porque, a su parecer, el Estado no necesita comprar ni un metro cuadrado para construir VPO porque tiene millones de metros cuadrados sin uso que son propiedad de los distintos ministerios. "El objetivo de esta compra es en realidad solucionar los problemas de liquidez de algunas promotoras", subrayó.
En cambio, propuso la posibilidad de destinar los 300 millones que dedicará el Ejecutivo a este cometido a convertir parte del stock de pisos sin vender en viviendas públicas de alquiler, o fomentar las cooperativas reales de vivienda si el objetivo final del Gobierno es el empleo.
En cuanto a los requisitos para acceder a VPO, la plataforma aseguró que el nuevo Plan de Vivienda 2009-2012 eleva los ingresos máximos a siete veces el Iprem, permitiendo así el acceso sólo a la gente que gane casi 49.000 euros al año y convirtiendo en casi imposible el acceso a la inmensa mayoría de los jóvenes, que cobran unos 24.000 euros anuales.
"Lo de menos (para el Gobierno) es facilitar el acceso de jóvenes y familias de bajos ingresos. En realidad se trata de colocar los pisos protegidos", denunció.
En este sentido, PVD exigió bajadas urgentes en los módulos de precios oficiales con el fin de adaptarlos a la realidad del mercado y destinar las VPO a quienes realmente lo necesitan. "Es vergonzoso el hecho de que en algunas ciudades la vivienda protegida tenga ya el mismo precio que la libre, o que incluso lo supere", indicó.
A pesar de estas críticas, reconoció que el Plan de Vivienda incluye algunas iniciativas positivas de menor calado, como la propuesta de creación de viviendas públicas de alquiler para determinados colectivos, aunque subrayó que el Gobierno sigue apostando "tozudamente" por el fomento de la vivienda pública con el alquiler con opción a compra, a pesar de que la función del Estado es la de facilitar el alojamiento y no la propiedad.
Por todo, consideró que el Ministerio de Vivienda ya no cumple el objetivo con el que nació, sino que, por el contrario, se ha convertido en una especie de "sucursal del sector inmobiliario" dentro del Estado, destinada a convertir en decretos los intereses de los promotores y a intervenir el mercado "de forma disimulada", intentando que la burbuja de precios se desinfle "lo menos posible".
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