De este modo, Bruselas considera que la medida está en consonancia con su comunicación relativa a las orientaciones sobre ayudas estatales para superar la crisis financiera.
En concreto, la CE afirma que el sistema español es "no discriminatorio, limitado en el tiempo y el alcance, prevé limitaciones para evitar abusos y está sujeto a una remuneración a cargo de los beneficiarios conforme a las condiciones de mercado".
Por lo tanto, la Comisión concluyó que dicho sistema constituye un "medio adecuado" para solucionar una grave perturbación de la economía española, en especial en combinación con el ya aprobado Fondo para la Adquisición de Activos Financieros de entidades financieras, que también está orientado a paliar los problemas de financiación de los bancos españoles y tiene como objetivo final apoyar los préstamos a la economía real.
"Las rigurosas salvaguardias impuestas garantizarán que el apoyo público se limite a lo estrictamente necesario para estabilizar el sector financiero español y que se minimicen las repercusiones negativas", indicó la CE.
La Comisaria de Competencia, Neelie Kroes, subrayó que en la crisis financiera actual es importante abordar los problemas de liquidez de los bancos, ya que pueden afectar desfavorablemente a los préstamos a la economía real.
"El sistema español tiene en cuenta particularidades nacionales del mercado bancario en España, asegurando al mismo tiempo la coherencia necesaria para mantener unas condiciones de competencia equitativas para todos los bancos europeos", indicó la comisaria.
A este respecto, Bruselas señaló que la garantía del Estado cubriría, a cambio de una remuneración, la emisión de pagarés, bonos y obligaciones admitidos en el mercado secundario oficial en España.
Mientras que la vigencia de los instrumentos financieros cubiertos sería en principio de entre tres meses y tres años, las garantías podrían ampliarse a instrumentos con una vigencia de hasta cinco años en circunstancias excepcionales.
El presupuesto total del sistema está limitado a 100.000 millones de euros, que podrán incrementarse hasta 200.000 millones si las condiciones del mercado así lo exigen. Asimismo, la CE destacó que solamente los bancos solventes tienen acceso al sistema de garantía.
Además, Bruselas consideró que el sistema contiene elementos de ayuda estatal, pero prevé diversas salvaguardias dirigidas a garantizar que la intervención del estado sea proporcionada, limitada a los instrumentos necesarios y adecuada para alcanzar este objetivo, de conformidad con las normas relativas a las ayudas estatales de la UE, según lo establecido en el documento de orientaciones de la Comisión
En especial, el sistema prevé un acceso no discriminatorio, pues estará abierto a todas las entidades españolas de crédito solventes que tengan al menos un uno por mil del mercado crediticio y siempre que los instrumentos garantizados se hayan emitido durante los últimos cinco años. La garantía es limitada en su tiempo y alcance, y tanto su presupuesto global como las garantías individuales son limitadas.
Por otra parte, los beneficiarios se comprometerán a determinadas pautas de actuación para evitar un uso abusivo del apoyo estatal. Dichos compromisos incluyen restricciones en la expansión y la comercialización.
Por último, España se comprometió a notificar planes de reestructuración para cada beneficiario efectivo de la garantía y a informar periódicamente a la Comisión sobre la aplicación del sistema.
La decisión de la CE cubre un período de seis meses, tras el cual España debe dar por concluido el sistema o bien notificar de nuevo su ampliación a Bruselas.
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