Del total abonado en los diez primeros meses del año, 298,1 millones correspondieron al pago de prestaciones por insolvencia y 58,8 millones al pago de prestaciones por regulación, con crecimientos del 15% y del 28,8%, respectivamente, sobre el mismo periodo de 2007.
Las prestaciones por insolvencia incluyen el importe de las indemnizaciones y salarios pendientes de pago motivados por declaración de insolvencia en los Juzgados de lo Social, suspensión de pagos, quiebra, concurso de acreedores y fuerza mayor, así como los salarios de tramitación acordados por la jurisdicción competente.
Por su parte, las prestaciones por regulación recogen, únicamente, las indemnizaciones correspondientes al 40% de la indemnización legal que corresponde a los trabajadores de empresas de menos de 25 trabajadores en los casos de despido colectivo y despido por causas objetivas derivadas de la necesidad de amortizar puestos de trabajo.
Hasta el 31 de octubre de 2008, los expedientes resueltos por el Fogasa afectaron a 27.643 empresas (un 19,3% más que en el mismo periodo de 2007) y a 71.819 trabajadores (un 20,1% más).
Cataluña y Comunidad Valenciana concentraron buena parte de los pagos realizados por el Fogasa hasta octubre. Así, en Cataluña el desembolso fue de 109,6 millones de euros, mientras en la Comunidad Valenciana se abonaron 74,2 millones en prestaciones.
Por detrás figuran País Vasco (31,8 millones), Madrid (30,6 millones), Andalucía (25,9 millones), Castilla y León (15 millones), Galicia (12,9 millones), Canarias (10,6 millones), Castilla-La Mancha (10,2 millones), Aragón (8,6 millones), Asturias (6,2 millones), Murcia (6,1 millones), Navarra (3,41 millones) y Baleares (3,40 millones).
A continuación, cerrando la tabla, se sitúan Cantabria (3,14 millones), Extremadura (2,5 millones), La Rioja (1,9 millones) y Ceuta y Melilla (373.800 euros).
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