Si algo sacó en claro el Gobierno catalán del viaje oficial del presidente de la Generalitat, José Montilla, a Japón es que la crisis económica es "muy grave" y que nos esperaran unos meses "horrorosos" en cuanto a reestructuraciones y ajustes de plantilla. El consejero de Innovación, Josep Huguet, que acompañó al presidente en su visita al país nipón, lo volvió a recordar ayer, en una charla informal con periodistas, tras la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.
Junto a la caída de las ventas por el parón del consumo, el otro gran problema de las empresas es la falta de liquidez, el acceso a la financiación bancaria, lo que para Huguet es una muestra de que las subastas del Gobierno para inyectar liquidez al sistema financiero "están sirviendo para que los bancos tapen agujeros". De ahí los 500 millones en avales aprobados ayer
Pero hasta dentro de un mes y medio, nada. Serna se comprometió a que la medida esté operativa la primera semana de febrero, a más tardar. El aval máximo por empresa será de dos millones de euros. Los departamentos de Economía, Innovación y Trabajo determinarán si el ICF lo concede o no, tras valorar el plan de viabilidad de cada empresa junto con el Colegio de Economistas de Cataluña.
El resto de medidas son menores, obvias y, algunas, conocidas: impulsar la formación de los trabajadores, especialmente de los empleados afectados por suspensiones temporales de empleo en la automoción, acompañar a las empresas para que migren o entren en nuevos sectores, potenciar la I+D y la internacionalización del sector del automóvil y un protocolo de actuación en casos de crisis previsto en el acuerdo de competitividad.
Ahorro en los pagos
Los empresarios volvieron ayer a mostrar su enfado porque las medidas del Gobierno no llegan a las empresas. El presidente de Pimec, Josep González, llegó incluso a hablar de "manifestación de empresarios" y vaticinó una oleada de concursos de acreedores (antigua suspensión de pagos), pérdidas y "futuros ajustes de empleo justificados por los números rojos". Afirmó que los avales de la Generalitat son una medida que "va en la buena dirección".
González presentó un estudio de la patronal que asegura que una rebaja en los plazos de pago de 90 a 30 días supondría una reducción de los costes financieros para las pymes de 1.100 millones de euros anuales. Pimec utilozó ayer este estudio con la voluntad de que se modifique la Ley de Morosidad para reducir el aplazamiento medio de pagos en España a 30 días, desde los tres meses actuales.
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