La ruptura del acuerdo se produce después de que la firma de auditoría KPMG determinara que una vez se produjera la adquisición, BCE no pasaría la prueba de solvencia estipulada entre las dos entidades.
Pero BCE, propietaria de Bell Canadá, la mayor empresa telefónica canadiense, dijo que "disputa que el comprador tuviera el poder de terminar el acuerdo, ya que la notificación fue entregada de forma prematura, antes de la fecha de cierre de transacción y por lo tanto inválida".
Por ello la firma anunció que solicitará que el fondo de pensiones le pague 1.200 millones de dólares canadienses (unos 972 millones de dólares) por la ruptura del acuerdo.
"BCE ha satisfecho todas las condiciones del acuerdo, excepto la opinión sobre solvencia" añadió la empresa.
El Fondo de Pensiones de los Profesores de Ontario había acordado comprar las acciones de BCE a un precio unitario de 42,75 dólares canadienses. Tras la apertura de los mercados este jueves, los títulos se cotizaron a la baja a 22,4 dólares.
El Fondo de Pensiones de los Profesores de Ontario consideró que las condiciones del acuerdo no se han cumplido y que no tiene que pagar la multa por no finalizar la adquisición.
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