La Eurocámara pide crear una base de datos comunitaria de empresas fraudulentas

BRUSELAS.- El Parlamento Europeo respaldó la propuesta de la Comisión Europea de reducir a dos meses el plazo para la recogida e intercambio de información fiscal sobre operaciones entre Estados miembros y pidió que considere la creación de una base de datos a nivel comunitario de personas que han gestionado empresas que hayan incurrido en fraude fiscal.

El eurodiputado del PP José Manuel García-Margallo es el ponente de los dos informes adoptados este jueves por la Eurocámara relativos a las propuestas de Bruselas para combatir el fraude fiscal en las operaciones intracomunitarias y que deberían aplicarse a partir de 2010. También apunta a la elaboración de un informe de evaluación cuando pasen dos años desde la entrada en vigor de las nuevas normas.

El Parlamento Europeo cree que el fraude fiscal priva a los Estados miembros de un volumen muy importante de ingresos y crea distorsiones en el funcionamiento del mercado interior. Además, constituye un obstáculo a la competencia leal, conlleva una erosión de los ingresos mediante los que se financian los servicios públicos a escala nacional y conlleva una mayor presión fiscal sobre las empresas que respetan las normas en materia tributaria.

Los eurodiputados también apostaron por un refuerzo del papel de la Comisión en la elaboración de análisis y en el intercambio de buenas prácticas entre los países de la UE, y subrayaron la importancia de informar al Parlamento Europeo de las medidas previstas en el marco de la nueva reglamentación. El Parlamento Europeo tiene poder de consulta en este ámbito.

La propuesta de Bruselas que apoyan los informes aboga por reducir a un mes, por una parte, el periodo de referencia para la recopilación de información sobre las operaciones intracomunitarias y, por otra, el plazo máximo para la transmisión de dicha información entre las administraciones tributarias de los Estados miembros.

Por tanto, los adquirientes que lleven a cabo dichas operaciones por un importe superior a 200.000 euros por año natural tendrán la obligación de presentar sus declaraciones del IVA mensualmente. Este umbral se ha fijado para que las empresas que realizan adquisiciones intracomunitarias de forma ocasional o por importes muy pequeños no estén sujetas a obligaciones adicionales.

Estas iniciativas siguen las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas Europeo y afectarán a las empresas que realizan operaciones intracomunitarias, es decir, al 4% de las compañías registradas a efectos del IVA en la Comunidad, precisaron en un comunicado del Parlamento Europeo.

En la actualidad, el plazo que transcurre entre el momento en que se lleva a cabo una operación y el momento en que la información correspondiente a la misma se pone a disposición del Estado miembro del adquiriente oscila entre tres y seis meses.