Fedane, que agrupa a todas las asociaciones patronales de notarios del Estado español, manifestó en ocho puntos que "no comparte ni el fundamento del Proyecto de Ley ni su oportunidad".
Los notarios reconocen la legitimidad del Ejecutivo para tomar medidas que conduzcan a una "rápida salida de la crisis financiera e inmobiliaria", pero advierten de que la seguridad jurídica preventiva es "uno de los sectores más afectados por la crisis".
Las transmisiones inmobiliarias se han reducido cerca de un 45% desde agosto de 2007 hasta hoy y la contratación hipotecaria un 35%. El presidente de Fedane, José Ignacio Navas, explicó que los notarios ven esta situación con "absoluta preocupación" y que en la Costa de Levante "la situación es dramática".
"La reducción no es oportuna ni meditada y pone en grave riesgo la función pública", afirmó Navas, quien alertó de que "existe el riesgo de que las notarías no sean rentables" y pidió al Gobierno "que se ponga en contacto con los afectados".
Fedane explicó que una reducción como la anunciada podría "desestabilizar el equilibrio laboral" de los despachos, que dan trabajo a 40.000 personas en España. "Los costes actuales son los más bajos de todos los gastos asociados a la contratación", declaró Fedane.
Por último, lo notarios reclamaron un marco arancelario estable, que les permita acometer inversiones, contratación de personal y planificación general en los despachos.
El Gobierno ha elaborado un proyecto de Real Decreto que estudia aplicar una rebaja general del 20% de los aranceles de notarios y registradores de la propiedad, además de una reducción adicional del 35% en las operaciones que el ciudadano no pueda realizar por medios telemáticos y que aumentará hasta el 70% a partir del 1 de julio de 2009.
Está previsto que las rebajas entren en vigor el 1 de enero de 2009.
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